El presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, monseñor José Luis Lacunza OAR, obispo de David, actuó exitosamente como mediador entre el gobierno panameño y el grupo indígena de etnia Ngäbe Buglé, consiguiendo que se firme un acuerdo de paz que pone fin a la violencia de los últimos días, que dejaron dos muertos y decenas de heridos y detenidos.
El conflicto nació cuando los indígenas exigieron garantías legales para tutelar sus territorios ancestrales, de modo que la nueva ley minera prohíba la extracción de recursos minerales y respete los recursos hídricos.
Monseñor José Luis Lacunza leyó el acuerdo que restableció la tranquilidad tras cinco días de bloqueo de la principal carretera del país, seguido de violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, tras las conversaciones en la escuela de la localidad rural de San Lorenzo, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital.
La cacique Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, que encabezó la protesta, declaró antes de firmar el documento que "todavía no conseguimos nada, los Ngäbe ya tenemos más de 500 años de esta lucha, no creemos en la autoridad, pero queremos que todos vayan hoy tranquilos a su casa y esperamos cumplan".
El ministro panameño de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, por su lado, agradeció la gestión mediadora de monseñor Lacunza que calificó de “muy valiosa y gracias a él hemos llegado a un acuerdo", y por otra parte manifestó el pesar del Gobierno Nacional por la muerte del joven Jerónimo Rodríguez, y anunció a su familia que se les brindará asistencia.
Además de la muerte del joven otras 46 personas resultaron heridas tras los enfrentamientos del pasado 5 de febrero entre la policía y los indígenas, muy cerca de la misión de los agustinos recoletos de Bocas del Toro. Los indígenas precedentemente habían bloqueado con barricadas la carretera principal de la localidad, y a continuación se produjeron los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
El acuerdo garantiza la liberación de todos los detenidos, ninguna persecución a los Ngäbe Buglé, el fin de las protestas callejeras, e iniciar la discusión de los artículos de la nueva ley minera que incluyan la prohibición de la explotación de minerales en la comarca de esa etnia, sobre lo que el gobierno dijo hay consenso, y la aspiración de prohibir la construcción de hidroeléctricas.+
