Es patente que los ciudadanos necesitamos unas leyes que determinen el comportamiento adecuado para una mejor convivencia en la consecución del bien común.
En el mundo antiguo se consideraba claramente el carácter educativo de las leyes. Aristóteles escribía: “Al legislador toca educar a los ciudadanos en la virtud, conociendo los medios que conducen a ella y el fin esencial de la vida más digna”. También Platón exaltaba las leyes como vehículo educativo exhortando a su cumplimiento a la vez que proponía una legislación justa que tratara a los ciudadanos como el buen médico y no como médico de esclavos.
Existen dos acepciones de ley. La ley natural impresa por Dios en la naturaleza y la ley positiva que promulga el hombre, que oficialmente ostenta la potestad de legislar en una época determinada.
El legislador ha de tener cuidado para que la formulación de una ley sirva al ciudadano de luz orientadora y no de descamino, ya que en caso de una ley injusta, se está alterando la función educadora que ya hemos dicho corresponde a toda ley.
Tenemos en España unas leyes clarísimas contrarias a la ley natural, destacando, entre otras, la denominada “Ley de despenalización del aborto” o también se la conoce como “Interrupción voluntaria del embarazo”. Muchos se escandalizan cuando, otros muchos, al referirse a esta ley, la tachan de “criminal” o “asesina”, cuando objetivamente son esos los calificativos que le cuadra.
Resalta el comportamiento del ciudadano medio que acepta un estilo de vida simplemente porque la mayoría así se lo plantea, no estableciéndose otra valoración crítica que vaya en contra de lo que esta mayoría ha aceptado. Este conformismo sería saludable si naciera de una inspiración que favoreciera la recta vida moral cuyo origen, ya lo hemos dicho, parte de la ley natural. Pero las influencias dominantes en que hoy nos encontramos están fuertemente volcadas a ideologías permisivas que se desentienden de la ley de Dios y con el pretexto de un aparente pluralismo van apartando normas de inspiración cristiana por otras de “moral civil”.
Es preciso recordar que la adecuación de las leyes civiles a la ley natural no tiene por objeto la protección de los valores netamente cristianos, sino que todos los hombres sean o no cristianos, tienen derecho a vivir esa ley natural que es conformidad con las exigencias de la naturaleza que Dios concedió al crearlas.
La ley injusta no es ley, como tampoco –según dice Cicerón- la receta de un médico que en vez de curar, lleva a la muerte, no es una “receta”.
El recién estrenado Gobierno ya parece que ha insinuado, a través de su Ministro de Justicia, la derogación del aborto, pero, para dar cumplida satisfacción a su mayoría absoluta, no tiene que temblar a la hora de firmar la destrucción de esta fatídica ley que tantos crímenes ha cometido, y no limitarse a derogar la no autorización de los padres para que pueda abortar su hija de 16 años.
¡Que no le importe –al Gobierno- las críticas de la oposición que habrá de todos los colores y demuestren que son sabios para rectificar su aceptación primera de esta ley nefasta!
