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Ver y Creer: “Falsedades del aborto”

Sat, 27 Sep 2014 07:02:00
 

El Estado mexicano, como cualquier Estado soberano, tiene la obligación de garantizar el derecho a nacer de todos sus ciudadanos, pues toda vida humana merece protección, y el aparato del Estado debe orientar todo su esfuerzo a garantizar este derecho, que no es negociable ante ningún partido político, ante ninguna otra nación y ante ningún organismo internacional. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal se ha prostituido, bajo un absurdo pretexto de "homologarse" con propuestas "progresistas" de algunos partidos políticos, algunas naciones y algunas organizaciones que se ostentan como Organismos internacionales.

Encubierto por un lenguaje encriptado, este gobierno local se valerse de expresiones como "Derechos sexuales y reproductivos" y "Servicios de salud reproductiva" para amparar la promoción del aborto a pesar de que no son términos reconocidos en el Derecho internacional. Es decir, es falsa terminología, pues ningún tratado internacional de derechos humanos incluye estos términos, y aunque el Gobierno del Distrito Federal, algunas organizaciones no gubernamentales, organismos de vigilancia, agencias de Naciones Unidas y varios países, den por hecho que en esos términos se incluye el aborto, la verdad es que ninguno se sustenta en el Derecho Internacional, aunque su definición haya ganado terreno en algunas propuestas emanadas de la ONU.

Al contrario de lo que se supone, o se quiere dar por entendido, el auténtico Derecho Internacional sí incluye numerosas referencias a la importancia de proteger a los no nacidos. Es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 6.5 que "La pena de muerte no se impondrá por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se le aplicará a mujeres embarazadas"; de la Convención sobre los Derechos del Niño, que determina en su Preámbulo, que "El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento"; y del Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que en su artículo16 establece que "Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres embarazadas, serán objeto de especial protección y respeto".

Otra falsedad en la que incurre el Gobierno del Distrito Federal es en exigir su supuesto derecho para promover el aborto, a pesar de que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en su párrafo 7.24 determina que "Los gobiernos deben tomar medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debe promoverse como método de planificación familiar, y en todos los casos previstos el tratamiento humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido al aborto".

El argumento principal del que se vale el Gobierno del Distrito Federal para la promoción de los abortos es que las mujeres mueren con la práctica de abortos clandestinos, por lo que deben ser protegidas con abortos practicados en clínicas "legalmente" establecidas. Este también es una falsedad, pues el aborto no es una solución al problema de la mortalidad materna, ya que destruye la vida humana y perjudica la salud de las mujeres, además de que el Gobierno esta obligado a proporcionar servicios médicos durante la maternidad a toda mujer, tal y como lo determina, en su artículo 12.2, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: "Los Estados garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia", y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.2, en el que pone de relieve la importancia de la atención especial a las madres:" La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales". Al contrario, "los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en ningún caso debe promoverse como método de planificación de la familia". Así lo establece, en su artículo 7.24 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La verdad es que con la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, el Gobierno del Distrito Federal ha logrado desentenderse y zafarse de la responsabilidad y obligación que tiene, como gobierno que es, de proporcionar servicios médicos y de salud a las mujeres embarazadas. Es claro que en los más de 125,000 abortos promovidos y practicados en el Distrito Federal, desde el 24 de abril de 2007 hasta la primera mitad del año 2014 este gobierno ha incumplido con su deber fundamental: proteger el derecho a nacer de sus ciudadanos.







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