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El mandato de anticoncepción de Obama viola el derecho internacional, afirman especialistas

Mon, 07 Apr 2014 19:02:00
 
Stefano Genarinni / C-FAM / A&A

Las compañías cerveceras quieren que se exponga el orgullo gay en los desfiles por el día de San Patricio. Coca-Cola quiere salvar los osos polares. Las tiendas Hobby Lobby quieren proteger a los niños por nacer. Aunque cada uno de ellos ejerce la conciencia social empresarial, aquel motivado por creencias religiosas quizás sea multado en un millón trescientos mil dólares por día. El mandato de anticoncepción del presidente Obama, una de las disposiciones de su ley de seguro de salud, exige que las compañías incluyan fármacos abortivos, sin importar sus creencias religiosas. Hobby Lobby, tiendas de artesanías propiedad de cristianos, se rehúsa a pagar por el aborto. Según expertos en derecho, el derecho internacional está del lado de Hobby Lobby.  

La próxima semana, el caso de Hobby Lobby será debatido en la Corte Suprema de los Estados Unidos, junto con el de Conestoga Wood Specialties, cuyos dueños menonitas afirman que sería «impío e inmoral» pagar por drogas abortivas. Enfrentan multas de 95 mil dólares por día.

La libertad religiosa es «vital» no solo para los individuos sino también para las entidades con y sin fines de lucro, según expertos en derecho que presentaron un informe ante la Corte Suprema en representación de nueve universidades y veintisiete especialistas. El derecho internacional protege tanto los derechos religiosos comunes como la dimensión pública de la libertad religiosa.

Los expertos señalan la Declaración Universal de Derechos Humanos y el  tratado de la ONU sobre derechos civiles y políticos, que fue ratificado por los Estados Unidos.

Nada exige a los individuos que «sacrifiquen» sus derechos humanos al entrar en el mercado, de modo que el gobierno federal no puede atribular a las empresas que ponen en práctica sus creencias religiosas, explicaron los especialistas. El ejercicio colectivo de la libertad religiosa a menudo implica que los creyentes deban usar formas corporativas modernas de manifestar sus creencias.

Los comercios deberían ser libres de ejercer su conciencia corporativa conforme a su fe al mismo nivel de motivos éticos como la responsabilidad ambiental, la justicia social y otras causas. La postura del gobierno de Obama de que las creencias de los empresarios no pueden ser atribuidas a sus empresas «no tiene sentido», dicen los expertos. «¿De qué otro modo podría una compañía recibir sus valores y prioridades, si no de sus dueños y gerentes?», se preguntan.

El gobierno de Obama sostiene que las compañías no deberían ocuparse de cuestiones morales y éticas sino solo de la ganancia. El informe de los expertos brinda ejemplos de países extranjeros que reconocen del mismo modo la libertad religiosa de las empresas y de las organizaciones sin fines de lucro, así como de organismos internacionales y regionales que reconocen la libertad religiosa y la conciencia corporativa de las compañías.

La tendencia mundial está a favor de reconocer la dimensión ética de las actividades comerciales, documenta el informe. El Pacto Mundial de la ONU llega al punto de afirmar que las normas internacionales exigen que los negocios tengan en cuenta las cuestiones que atañen a los derechos humanos. El hecho de informar sobre la responsabilidad social empresarial se ha vuelto algo común entre las compañías.

Esta tradición de responsabilidad social empresarial tiene sólidas raíces en la historia de los Estados Unidos. El informe da cuenta de una sentencia de la Corte Suprema de Nueva Jersey que explica cómo los negocios han «asumido» las obligaciones del civismo después del traspaso de la riqueza de los individuos a las compañías. Otro ejemplo de legislación estadounidense que reconoce la conciencia empresarial es que se permite a las compañías deducir contribuciones a obras benéficas. Habrá una audiencia de Corte Suprema de los Estados Unidos el 25 de marzo para determinar si la penalización impuesta a las empresas que no acatan la disposición en materia de anticoncepción entra en conflicto con la protección federal a la libertad religiosa.







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