Politización de las administraciones educativas:la Junta de Andalucía permite titular con cuatro y cinco suspensos mientras en toda España más de 4 000 alumnos objetores han sido suspendidos

Sevilla/ESPAÑA.- Estos últimos días están saliendo a la luz los casos de varios alumnos a los que la Junta de Andalucía ha concedido el título de ESO y de Bachillerato, tras la reclamación pertinente a la Consejería de Educación.

Este es el caso del IES Los Álamos de Bormujos, donde un alumno repetidor y con cinco asignaturas suspendidas en septiembre, ha sido aprobado de forma irregular en Ingles y Lengua y Literatura y posteriormente se le ha concedido el título de forma excepcional con tres materias suspensas alegando que «esos suspensos no impiden la titulación ni menoscaban la formación académica y las competencias necesarias que permitirán al alumno reclamante afrontar una brillante carrera en cualquiera de los objetivos académicos o laborales que se proponga». Las restantes asignaturas suspensas eran Biología y Geología, Ciencias Sociales y Física y Química.

En otro caso, una alumna del Colegio Aljarafe de Sevilla ha obtenido el título de Bachillerato con cuatro asignaturas suspensas, Ingles, Lengua Española, Griego y Filosofía, por la «mala praxis» de la comisión Técnica de Reclamaciones de la Delegación Provincial de la Junta, según denuncian los profesores del centro.

Los claustros de profesores de los centros en los que cursaban estudios estos alumnos han tildado los procedimientos de prevaricación y arbitrariedad. «Esta arbitrariedad», indica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «resulta más evidente cuando se recuerda el caso de unas alumnas de Cabezas de San Juan (Sevilla) que cursaban 4º de cuarto de ESO con EpC suspensa y a las que la Junta de Andalucía trató de negar la titulación alegando que no habían adquirido las competencias básica contra la opinión de la Junta evaluadora».

«La cuestión», afirma Urcelay, «es que Educación para la Ciudadanía sigue vigente en España (y lo estará al menos hasta el 2015) y estimamos que al menos hay 6. 000 alumnos suspensos por haber objetado, es decir por ejercer un derecho fundamental. Y en algunos casos, se les ha obligado (por ejemplo a una alumna de la Comunidad de Madrid) a repetir curso por haber objetado. En otros casos se les ha denegado becas e incluso se les ha forzado para ir a juicio».

«Esperemos», concluye Urcelay, «que el Ministerio de Educación ponga orden en las arbitrariedades autonómicas que han vulnerado derechos fundamentales y normalice los expedientes académicos de los alumnos objetores porque es una exigencia de justicia».