Estos días los medios de educación están anunciando la inminente aprobación de la LOMCE en el próximo Consejo de Ministros del 10 de mayo. La esperada reforma recibía hace unos días el dictamen del Consejo de Estado que concluía remitir el anteproyecto de Ley Orgánica al Consejo de Ministros para su aprobación, tras hacer una serie de observaciones a dicho anteproyecto.
La LOMCE es un paso importante para mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar la libertad de educación y los derechos de las familias, aunque aún hará falta concretar más medidas para que estos objetivos sean una realidad. Por eso es importante que los retoques, que ya ha anunciado el ministro José Ignacio Wert que se incorporarán al borrador de la ley, no supongan, en ningún caso, un paso atrás en las medidas recogidas en dicha ley para garantizar la libertad de educación y los derechos de las familias.
Entre las medidas recogidas en la LOMCE que están siendo especialmente cuestionadas estos días en diferentes medios y que deben quedar garantizadas están: la eliminación de Educación para la Ciudadanía, el derecho de los padres a que sus hijos estudien en castellano como lengua vehicular, el respeto de los conciertos a los centros con ideario propio, también aquellos que apuestan por la opción pedagógica de la educación diferenciada, y la impartición de la asignatura de religión en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, como exige el art. 2 del Acuerdo con la Santa Sede.
Estas importantes medidas, entre otras, responden a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, así como a uno de los compromisos electorales del PP en el ámbito educativo: “Reforzaremos la libertad de elección de las familias”, y este compromiso no debe verse afectado por los retoques que ya ha anunciado el ministro José Ignacio Wert al actual borrador, tras recibir las sugerencias del Consejo de Estado.
Los anunciados retoques deben ir encaminados a aclarar aquellas cuestiones que a juicio del Consejo de Estado no han quedado suficientemente claras (como la distinción entre asignaturas troncales y específicas, los conciertos con colegios de educación diferenciada o las cuentas de la memoria económica, tal como ya ha adelantado el ministerio) y subsanar las deficiencias del actual borrador puestas de manifiesto por el Consejo de Estado, de forma que las medidas adoptadas en la futura ley garanticen, con eficacia, la mejora de la calidad del sistema educativo, la libertad de educación y la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos, sin ceder a las presiones de los que pretenden seguir recortando dichos derechos.
Confiamos en el compromiso del ministerio, reiterado estos días, de suprimir definitivamente Educación para la Ciudadanía como asignatura independiente. Para incorporar los contenidos recomendados por el Consejo de Europa es innecesaria tal asignatura, cuya imposición ha supuesto desde su implantación una fuerte polémica social, como ha recordado el Consejo de Estado en su dictamen, por la manipulación que el anterior gobierno hizo de dichas recomendaciones europeas y que desde diferentes instancias se pretende mantener, lo que supondría, de nuevo, un ataque a la libertad ideológica y de conciencia. Recordamos que la cuestión aún sigue abierta en los tribunales, con unos recursos pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional, que han presentado abogados de nuestra federación en defensa de los derechos fundamentales de las familias.
Es importante que se den con agilidad los pasos necesarios para que la Ley Orgánica entre en vigor lo antes posible y se vaya avanzando en la consecución de un sistema educativo de calidad en el que quede garantizada la libertad de educación y de elección de las familias.
