El viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), dando así luz verde al proceso parlamentario que llevará a su implantación. Con la nueva ley de educación, que incluye muchos aspectos favorables a la libertad de los padres, el dañino experimento de Educación para la Ciudadanía en España toca a su fin, aunque los alumnos tendrán que sufrir esta asignatura hasta septiembre de 2014, en el mejor de los escenarios.
Se acabó una batalla, librada por padres que han reclamado para sí lo que ya era suyo, el derecho-deber de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, como nos cuenta con gran acierto Fabián Fdez. de Alarcón en nuestro blog. Una batalla que, como acaba de reconocer el Consejo de Estado en su reciente Dictamen, ha supuesto una polémica social que es la causa del fin de EpC. Los protagonistas de esa polémica han sido los objetores a Educación para la Ciudadanía, muchos de los cuales han sido obligados a repetir curso o suspendidos por el hecho de defender la libertad de todos.
Por eso, en Profesionales por la Ética hemos estado trabajando en los últimos meses, a través de diversas reuniones con el Partido Popular y el Ministerio del Educación, para que se incorpore una disposición transitoria en la LOMCE en la se anulen todos los efectos académicos negativos que ha generado la objeción a esta asignatura a cientos de alumnos, tal y como explicaba hoy La Razón en un formidable editorial y dos páginas interiores sobre los que podéis leer en la portada de nuestra web.
Así, hemos propuesto que la ley incluya tanto para los alumnos de Primaria como de Secundaria que «cuando el alumno haya alcanzado todas las competencias que la ley establece para la etapa, aun cuando por razones de conciencia no hayan cursado las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en su expediente se señalará que el alumno ha alcanzado todos los objetivos de esa etapa educativa». Y también proponemos que cuando el estudiante tenga una evaluación negativa a causa de su objeción a cursar dicha materia «promocionará al curso siguiente aun cuando tenga evaluación negativa en tres materias por considerar que el suspenso de Ciudadanía no le impide seguir con éxito el curso siguiente». Y, por supuesto, que estas medidas tengan efecto retroactivo para todos los alumnos que hayan terminado esta etapa educativa con posterioridad a 2006.
Y termino con unas palabras del editorial de La Razón, que resumen a la perfección el sentir del equipo de Profesionales por la Ética hoy: “Todos esperan que ahora, durante el trámite en el Congreso de la nueva ley educativa, se apruebe una disposición que elimine la asignatura de su expediente. Es lo razonable y antes que un castigo lo que se merecen estas familias es el reconocimiento por su coraje”.
Se acabó una batalla, queda pulir las aristas. Y mientras tanto nosotros seguimos luchando, cada día, en la defensa de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales.
