Con la definitiva aprobación ayer en el pleno del Congreso de la LOMCE culminan 14 meses de un decepcionante debate social y parlamentario, en el que de nuevo han quedado de manifiesto los gravísimos problemas de la educación en España, para los que la nueva ley es tan sólo un parche.
Esta es la valoración final que Profesionales por la Ética ha realizado de la séptima reforma educativa de la democracia española. A juicio de esta asociación, la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa apunta en la dirección necesaria tanto para la recuperación de la irrenunciable libertad educativa de los padres como para la mejora de la calidad del sistema, pero su alcance es todavía muy insuficiente.
Desde Profesionales por la Ética se asegura que la reforma, cuyo nivel de expectativas era muy alto, ha sido una nueva ocasión perdida. «Prueba de ello -ha afirmado Jaime Urcelay, su presidente- es que la LOMCE es tan solo una reforma parcial de la Ley Orgánica de Educación (LOE) impulsada por Zapatero y consolida las bases de las leyes educativas socialistas hasta ahora vigentes, en cuyos principios pedagógicos está la principal causa del fracaso de la educación española. Queda pendiente conocer el desarrollo curricular de la asignatura de Valores éticos alternativa a Religión así como su aplicación en las distintas comunidades autónomas.
Con todo, Urcelay ha subrayado también que «debemos celebrar los avances en la nueva ley para la recuperación de espacios de libertad educativa». En este sentido, ha destacado como positivos los siguientes contenidos de la ley:
·La definitiva desaparición del experimento totalitario de Educación para la Ciudadanía, objeto de una intensa batalla de los padres.
·El reconocimiento de la educación diferenciada como legítima opción pedagógica de los padres.
·La tímida solución proporcionada a la falta de libertad lingüística.
·El establecimiento de una asignatura alternativa a religión.
·La introducción de una cierta flexibilidad del sistema y la autonomía de los centros.
Finalmente, Urcelay lamenta la incapacidad mostrada por el Gobierno del PP para gestionar adecuadamente el trámite de elaboración y comunicación de esta reforma educativa y la irresponsabilidad de la oposición política y social al no aportar ni una sola propuesta para mejorar la educación en España.