CAMINEO.INFO.- En los últimos meses el ministro de Educación ha declarado su interés por reunirse con las asociaciones críticas con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Gabilondo incluso ha llegado a expresar su respeto por los objetores, algo insólito si se compara con la actitud de sus predecesoras en el cargo.
Pues bien, hoy mismo la recién creada Federación de Plataformas España Educa en Libertad (que agrupa a la mayoría de los objetores a EpC) ha entregado una carta en el Ministerio de Educación en la que reivindican su papel de interlocutores imprescindibles en el conflicto. Expresamente, los padres afirman que:
No estamos dispuestos a permitir, en lo sucesivo, que el debate en el ámbito educativo sea monopolizado por partidos políticos, administraciones educativas, sindicatos, federaciones y patronales (…) Somos nosotros y nuestros hijos, y no otros, los que conocemos y sufrimos directamente las consecuencias de la imposición de esta asignatura claramente adoctrinadora, los que hemos presentado objeción de conciencia a la misma y los que, en consecuencia, mantendremos a nuestros hijos fuera de clase de EpC, hasta que este conflicto se resuelva.
Y es que según Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, Ángel Gabilondo no ha incluido a los objetores a EpC en su ronda de contactos para hablar de esta polémica asignatura. «Es el Ministerio quien ha iniciado el conflicto imponiendo estas asignaturas y es el Ministerio quien tiene que ponerle fin; nosotros estamos dispuestos a sentarnos y buscar una solución que no lesione los derechos fundamentales de los padres, que son los primeros responsables de la formación de sus hijos.
«Estamos dispuestos», asegura Pérez Toribio, «a abrir un debate sobre cómo debe abordarse la educación en valores ciudadanos en la escuela, de acuerdo con las recomendaciones europeas. No obstante, no nos oponemos de plano a que existan unas asignaturas obligatorias de formación cívica, siempre y cuando éstas respeten en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación los derechos de los padres y no suponga un adoctrinamiento moral por parte del Estado al imponer a todos determinadas visiones de la persona y de la vida».
Mientras Ángel Gabilondo se decide o no a recibir a los padres objetores, éstos mantendrán a sus hijos fuera de clase. Mientras, prosigue la batalla judicial en defensa de sus derechos. El Juzgado Contencioso-Administrativo de Zaragoza y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han eximido ya a casi 200 alumnos de cursar EpC pero la cadena de resoluciones judiciales posteriores a las sentencias del Tribunal Supremo no ha hecho más que empezar.
