CAMINEO.INFO.- Para nadie es un secreto que la política del actual Gobierno está en caída libre. Sin embargo, su proyecto de calado, el cultural e ideológico, está siendo implantado a pasos agigantados.
Ahora la pelota está en el tejado de la calle Génova, la sede del PP, formación política que se postula como alternativa a Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy deberá decidir de una vez si su alternativa de Gobierno responde también a cuestiones de fondo o es el mismo proyecto del PSOE con un leve maquillaje.
En este contexto, la asociación Profesionales por la Ética se ha dirigido al presidente del PP en una carta abierta (en documento adjunto) para interpelarle sobre la postura de los gobiernos autonómicos dirigidos por su partido respecto a la objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y el capítulo educativo de la Ley del aborto.
En síntesis, la carta firmada por el presidente de Profesionales por la Ética, incluye los siguientes puntos:
- Se han cumplido ya cinco años desde que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero anunció su intención de introducir las asignaturas de EpC. Desde entonces se ha hecho cada vez más evidente que su imposición responde a un claro propósito de adoctrinamiento ideológico en la escuela.
- El capítulo de «Medidas en el ámbito educativo» del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo supone un nuevo paso en el mismo planteamiento totalitario de EpC. Si el proyecto sale adelante, se impondrá a todos los alumnos, sin contar con la libertad de elección de los padres, una concepción de la sexualidad única, de la que necesariamente formará parte un aberrante dogma ideológico: el aborto en un «derecho» de la mujer. Ante esta nueva intromisión en sus derechos fundamentales, numerosos padres han anunciado que se opondrán frontalmente.
- Muchos ciudadanos percibimos con preocupación que el Partido Popular, en las comunidades autónomas en las gobierna, muestra notables incoherencias, descoordinación y continuos cambios de criterio con respecto a EpC y a los derechos de los padres objetores. Aunque la dirección nacional del PP ha tratado de superar la referida descoordinación respecto a EpC mediante documentos y declaraciones institucionales, lo cierto es que tales declaraciones no se cumplen ni siquiera por parte de las Administraciones educativas autonómicas dirigidas por el PP.
Así, en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado, hasta el día de la fecha, 211 sentencias que afectan a un total de 456 niños, en las que declara que los contenidos de EpC tienen una intensa carga ética, moral e ideológica reconociéndose, en consecuencia, el derecho de los padres a la objeción de conciencia.
Estas sentencias han sido despreciadas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que ha decidido alinearse públicamente con las posiciones estatistas del Ministerio de Educación y el PSOE negándose a extender los fallos judiciales del Tribunal autonómico a los padres e incluso se está oponiendo a reconocer su eficacia respecto a los padres objetores directamente afectados por las sentencias judiciales.
En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación manifiesta a los padres que «pueden estar tranquilos» y que nunca la Comunidad ha obligado a sus hijos a entrar en clase de EpC. La Consejería les indica también que no puede denegarles formalmente sus declaraciones de objeción «porque en realidad no están en contra de la objeción».
Por otro lado, algunos responsables de centros educativos madrileños señalan que la Consejería de Educación está dando indicaciones telefónicas para que se advierta a los padres objetores de que sus hijos no titularán si no cursan EpC. A estas advertencias se suman las presiones de buena parte de directores de centros e Inspectores educativos para disuadir a los objetores y obligarles a entrar en clase.
En definitiva, en las Comunidades de Madrid y Castilla y León las actuaciones de la Administración educativa no difieren esencialmente de lo que sucede en las os Comunidades en las que gobierna el PSOE.
La carta concluye solicitando a Mariano Rajoy « una reflexión, en el marco del posible Pacto Educativo, sobre el futuro que realmente queremos en la educación de las futuras generaciones» así como
su inmediata intervención en aras del restablecimiento de la necesaria unidad y estabilidad en los criterios básicos de todas las administraciones educativas populares respecto a EpC y la objeción de conciencia de los padres.
Una copia de la carta a Mariano Rajoy ha sido enviada a los presidentes autonómicos de Madrid, La Rioja, Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia así como a otros cargos nacionales del PP como Mª Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Soraya Sáenz de Santamaría.
