Piden a la UE que el consentimiento de los padres sea obligatorio para la educación afectivo-sexual de sus hijos

En 2011 Irene Wiens, una madre alemana de Renania del Norte, fue condenada a prisión por negarse a que sus hijos asistiesen a clase de educación sexual en una escuela primaria. Su caso no era el primero: entre 2006 y 2011 hubo 35 casos de padres condenados en ese país por no llevar a sus hijos a la clase estatal de educación sexual. En España, en 2006 el Gobierno español introdujo la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, una herramienta de educación moral que encontró la oposición de miles de padres y madres españoles que, a la larga, han conseguido que dicha materia desaparezca. Sin embargo, los derechos de los padres siguen siendo vulnerados. Profesionales por la Ética está investigando unos 50 casos de talleres y actividades de educación afectivo-sexual obligatorias e impartidas en España para averiguar si los padres conocían esa actividad y habían dado su consentimiento.

En esta misma línea, una delegación del Área Internacional de Profesionales por la Ética, dirigida por Leonor Tamayo, pedirá mañana que se generalice internacionalmente una herramienta, la Declaración de consentimiento, que garantice el derecho de los padres a conocer y, en su caso, autorizar actividades de educación afectivo-sexual de menores. La petición se realizará en la reunión de la Plataforma de los Derechos Fundamentales (FRP), principal canal de colaboración de la sociedad civil con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE(FRA). Como miembro de la FRP, Profesionales por la Ética solicitará a la Agencia europea que apoye y promueva la Declaración de consentimiento de los padres respecto a la educación afectivo-sexual de sus hijos, de manera que ningún centro educativo pueda impartir esas actividades en forma de clases, charlas y talleres sin conocimiento y autorización paterna o materna. La Declaración de consentimiento obliga a los centros a informar de la celebración de la actividad, su contenido y personas que la imparten.

Como recuerda Leonor Tamayo, «la legislación internacional y europea salvaguarda los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Simplemente vamos a solicitar que se implante una herramienta efectiva que haga realidad esos derechos y ningún menor reciba una educación sexual decidida por el Estado o la Administración contra la voluntad de los padres. Y por supuesto, que cese todo tipo de represión contra las familias que quieran ejercer sus derechos fundamentales y hacer respetar la libertad de educación».