Grupos católicos se organizan para hacer frente a la ley de privilegios para el colectivo LGBT en Cataluña

Además de ser una ley inaudita en la tradición parlamentaria catalana, ya que es la primera vez que la oposición presenta un proyecto de ley y el Gobierno la acepta sin introducir un debate a la totalidad, ha sido denunciada por e-Cristians porque intenta regular todas las áreas de la vida humana, incluida la privada, algo impropio de un Estado democrático y de Derecho, y porque pretende otorgar a un solo colectivo derechos superiores a los que tienen los demás, rompiendo el principio de igualdad ante la ley. En definitiva, porque responde a criterios ideológicos y que convierten al legislador en un adoctrinador.

La proposición de la ley fue reclamada por los colectivos LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) amparándose en las políticas iniciadas por el gobierno tripartito durante la pasada década.

Algunos de sus artículos más destacables son el que obliga a los medios de comunicación a dar un trato positivo a los LGBTI (artículo 15), el que dicta que se debe incorporar «el conocimiento de las diversidades sexuales y afectivas y de la identidad de género» –esto es, teoría de género- a los currículums de todos los centros educativos catalanes (artículo 12) o el que prevé el establecimiento de cuotas laborales específicas para los LGBTI, tanto en el sector público como en el privado (artículo 20).

Finalmente, destaca el caótico y durísimo régimen de sanciones que acompaña el texto, que prevé desde multas por «emitir mensajes subliminales que inciten a la homofobia» a la suspensión temporal de las actividades de la empresa. Desde e-Cristians se ha apuntado que «se quiere sancionar el trato diferenciado a los LGBTI cuando en realidad la ley en sí misma establece para ellos un trato diferenciado».

La voz de los grupos cristianos

Ante esta situación, representantes de diferentes grupos cristianos, entre los que se encontraban asociaciones como Juristas Cristianos, e-Cristians o Provida; y también grupos representantes de las AMPA’s de escuelas cristianes, como la CCAPAC; asociaciones juveniles como Cat Jove y la Thomas More; y representantes de movimientos como los Focolares o el Camino Neocatecumenal, se reunieron el pasado jueves, 5 de junio, para debatir que acciones se pueden realizar ante esta proposición de ley.

Hubo una participación activa de los diferentes representantes, donde cada uno aportó su punto de vista. Se tomó también en consideración las enmiendas propuestas por Convergencia i Unió, en las que se pedía una supresión de las sanciones o la aplicación en menos de un año de una ley contra la discriminación, pero dirigida a todos los sectores de la población, con más propensión, por ejemplo, a inmigrantes, personas mayores o mujeres embarazadas.

En la reunión se concretaron diferentes acciones a realizar. Entre estas se encuentra la firma de una declaración donde se pide que Catalunya disponga de una ley contra todo tipo de discriminación; igualmente el rechazar todo aspecto que vulnerase gravemente la libertad de expresión, libertad religiosa y el derecho de los padres de educar moralmente a sus hijos; y la necesidad de suprimir la inversión de carga de la prueba. Finalmente, se rechazó también la creación de un «subgobierno» de los grupos LGBTI, pues es la Generalitat de Catalunya el único responsable de ejecutar leyes.

Se acordó también enviar cartas de forma individual, cada asociación, al presidente Artur Mas pues se entendió que esta es la única persona que puede evitar la aprobación de la ley, exponiendo él por qué es necesario que esta ley no tire adelante. Se habló de la necesidad de hacer partícipes de este planteamiento otras asociaciones. Se acordó también la necesidad de establecer un calendario de reuniones para poder ir siguiendo los acontecimientos de forma constante, pues todos los grupos coincidieron en la necesidad de hacer un frente común ante una ley tan injusta.