CAMINEO.INFO.- Jamás ningún Estado debe transferir la soberanía democrática y constitucional a otros territorios, que en es el caso de España, son las autonomías. Al hacerlo, las autonomías se han convertido en estados autocráticos, a través de un proceso lento pero seguro de destrucción de la Constitución Española de 1978. La Constitución Española, se ha reformado y contrarreformado, a traición, sin que jamás se haya consultado al pueblo español.
Esta transformación artificial, de cesión del Estado de Derecho y la soberanía histórica de España, ha sido un crimen de lesa majestad, porque se ha realizado por medio de pactos ocultos o manifiestos entre las ideologías nacionalistas y socialistas en el poder, que son los que más han estado en el poder, y con la omisión, y a veces con la colaboración del centro derecha liberal conservador, con menos tiempo en el ejercicio del poder político.
Todos ellos han traicionado a nuestro soberano Estado de Derecho, al transformar de modo inconstitucional el Estado de las Autonomías en el Estado de las Autarquías, que nunca han sido ni serán estados federales ni confederados, ya que los estados confederados dependen de un poder de un Estado soberano , se unen para defender el bien común, hacen un contrato para defender intereses comunes como la justicia, la seguridad, la libertad, la economía… Sin este contrato de todos y para todos, se destruyen los estados confederados, se destruye el pacto basado en una soberanía suprema que tiene el poder y que es el Estado soberano, y de la cual depende la soberanía subsidiaria de los estados confederados.
Cedido el poder soberano del Estado de Derecho de España, a las autarquías independentistas, se consideran que ya no tienen ninguna obligación jurídica para obedecer los principios del derecho soberano de la Constitución Española de 1978.
Para recuperar el poder soberano del Estado de Derecho, habrá que recuperar la autoridad soberana del Estado constitucional y democrático, bien a través de la fuerza de la razón, y si esta no se impone, por la fuerza de la autoridad militar, o bien por la renuncia voluntaria de los estados autárquicos a dejar de serlos para obedecer al bien común del poder soberano del Estado de Derecho, y convertirse en regiones administrativas y de gestión de los intereses políticos y económicos del Estado soberano de España.
