Aquellos que durante decenios y decenios, han llevado a cabo el simulacro de democracia, en especial los gobernantes junto a sus jueces y magistrados, han dado pruebas de que se han apartado conscientemente de lo que significan la dignidad y el poder verdaderos, que se deberían sustentar en el bien común de la sociedad civil española.
La dignidad y el poder en el bien común, han sido abolidos, con lo cual, se han violado todas las libertades fundamentales de lo que tendría que haber sido y no fue, y en la actualidad tampoco es, una Nación basada en un Estado de Derecho constitucional y democrático-participativo, que ha sido sustituida por una democracia estatalista, intervencionista y oligárquica, que para deshonra histórica, se ha aliado y rendido ante el terrorismo separatista vasco-etarra, al permitirle participar en las instituciones del Estado, para llevar a cabo la demolición definitiva de España como Nación democrática.
El poder político junto al judicial han falsificado la Constitución Española de 1978, y por lo tanto, ha impedido una reforma de la misma, que, hubiera fortalecido a España como Nación, y no como un caos de microestados autárquicos, que nos han llevado a la ruina económica, institucional, social, financiera, política y cultural.
La soberbia y la arrogancia, la prepotencia y la corrupción, la indignidad y la deshonra, han entrado y salido por las puertas falsas de un poder corrupto en manos de los partidos oligárquicos que controlan y falsean los tres poderes del Estado, que deberían ser independientes: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
La verdadera dignidad y el verdadero poder que tendría que haber estado dirigido por personas honradas, que demostrasen, que, los altos y bajos cargos, así como las dignidades de los mismos, desde un Parlamento de la Nación española, y no del Estado, hasta los ayuntamientos y tribunales de Justicia, se gobiernan con la virtud de la honradez y del servicio desinteresado a la sociedad española.
Por España, la historia de la corrupción del poder político, judicial y financiero, empresarial y sindical, así como el mediático-político, durante decenios y decenios, ha sido, y aún es un este siglo XXI, las apetencias de un poder progre-democrático totalitario que controla la vida comunitaria y privada de los españoles, en buena parte, corresponsables de los autoritarismos progre-oligárquicos de los dirigentes políticos de izquierdas y derechas, ya que ellos han permitido que ejerciesen el poder de las instituciones del Estado, de modo irresponsable y despótico.
Los irresponsables políticos, judiciales, financieros, empresariales, sindicales, y mediático-políticos, han hecho que el bien común natural, democrático participativo y representativo, que deberían tener las dignidades y los cargos en el poder, no haya sido una realidad que nos hubiera servido para evitar o paliar con más medios materiales y morales, la crisis que padecemos. En las circunstancias negativas actuales, las dignidades y los cargos en el poder, han estado y siguen estando, en las manos de las corrupciones y perversidades de las oligarquías ideológicas, han estado y siguen estando en las manos de personajes no honrados, ávidos de las prebendas monetarias, de los lujos y del control de las instituciones, ansiosos de las riquezas de toda índole, que nunca saciarán sus avaricias e indignidades.
