CAMINEO.INFO.- Nos referimos a la versión española donde se ha impuesto una Educación para la ciudadanía en contra de un sector importante de la sociedad: la oposición política, la Iglesia católica y muchos padres. Prueba de ello fueron las palabras de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española: «En nuestra Declaración de febrero hemos exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asignatura inaceptable tanto en la forma como en el fondo… Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias» («Nueva Declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de religión y “ciudadanía”», junio de 2007, n. 13).
Por el contrario, en Italia, la Conferencia episcopal nada ha objetado a la introducción, por el Gobierno de Berlusconi, de una asignatura obligatoria y evaluable sobre «Ciudadanía y Constitución». Ni siquiera la «Instrucción cívica y moral» introducida en Francia, pese a sus antecedentes, ha provocado tensiones. La «la instrucción moral y la instrucción cívica» apareció en 1882 (Ley de 28 de marzo de 1882), en lugar de la tradicional «instrucción moral y religiosa», que encabezaba los programas de la escuela primaria.
Educación para la Ciudadanía porque sí
Ya dijo, ¡en la legislatura surgida del 11 de marzo de 2004!, el ex-Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Peces-Barba, que la implantación de su versión de educación para la ciudadanía bien valía una legislatura. No se refirió, con la sensibilidad típica del socialismo actual, a vencer el terrorismo, o a vertebrar España, al pleno empleo, a la inmigración, la ayuda a la maternidad (dimensión casi extinguida de la mujer española); tampoco le preocupaba el plan hidrológico nacional, o la enseñanza (con la Declaración de Bolonia al fondo), mejorar la administración de justicia, la sanidad, la energía, las infraestructuras o el acceso a las nuevas tecnologías. Aquello, por exagerado y desenfocado, nos sonó a broma, o a salida de tono. Pero fue tenido muy en cuenta por aquel y este Gobierno.
La Vicepresidenta, tras el Consejo de Ministro de 12 de septiembre 2008, tampoco habló de los malos resultados de la Educación según el reciente informe de la OCDE, sino de que «Ejecutivo empleará todos los recursos a su alcance para que todos los alumnos puedan hacer uso de sus derechos constitucionales en las aulas recibiendo con normalidad la asignatura Educación para la ciudadanía». Y el Partido en el poder ha reiterado, en sus documentos más solemnes (Manifiesto en el XXVIII aniversario de la Constitución, diciembre 2006; Programa electoral de 2008 «Razones para creer», y Resoluciones del 37 Congreso Federal, julio 2008) que para ellos la implantación de esta materia es fundamental y constituye un logro. Incluso vimos al Presidente, en el Debate sobre el estado de la Nación de 3 de julio de 2007, con un texto de la asignatura, ¡él que no ama los libros!, para hacer apología de ambos.
Por tanto, para el Gobierno, Educación para la ciudadanía porque sí. La necesitan:
¿Cómo si no hacer creer que es matrimonio una unión en la que no hay complementariedad de sexos, ni estabilidad, ni posible fecundidad?
¿Cómo si no hacer creer que es «paz» la negociación con los terroristas, o que es «Alianza de civilizaciones» la postura de quienes odian a Occidente y se lo demuestran, incluso con medios violentos, al tiempo que, en los países donde gobiernan, no dejan espacio a la libertad religiosa ni al pluralismo?
¿Cómo si no hacer creer que es preservar el derecho básico a la vida, ¡o un avance en los derechos!, matar al ser humano en su primer estadio de formación, o en otros momentos de debilidad?
¿Para inculcar esos «buenos sentimientos» quieren apropiarse del corazón de los niños e insisten tanto en evaluar lo «afectivo-sexual» (Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de 1º a 3º de Secundaria obligatoria), o impartir «educación afectivo-emocional» (Educación ético-cívica de 4º de Secundaria obligatoria)?
¿Cómo sin Educación para la ciudadanía hacer comprender que el Gran Simio, por una proximidad biológica, recibe más protección jurídica que uno de los nuestros, por su condición humana (realidad material y espiritual)?
¿Cómo si no hacer creer que se es tolerante y se fomenta la convivencia excluyendo la religión de la mente de los niños, de la escuela y del espacio público?
Similares preguntas se podrían formular sobre el particular revisionismo histórico en que está empeñado el Gobierno y su relación con Educación para la ciudadanía. Podría darse la paradoja de que el paradigma de convivencia que se propone a nuestros hijos, a través de esta disciplina, fuese el retroceso hacia el régimen de arbitrariedad y enfrentamiento de la II República. A ello darían pie párrafos como este: «También son comunes [a “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, y a “Educación ético-cívica”] el conocimiento y la reflexión sobre los derechos humanos, desde la perspectiva de su carácter histórico, favoreciendo que el alumnado valore que no están garantizados por la existencia de una Declaración, sino que es posible su ampliación o su retroceso según el contexto» (Anexo II del Real Decreto 1631/2006, sobre Educación secundaria obligatoria).
Y este potencial adoctrinador de Educación para la ciudadanía, como dice Fernández de la Vega, para garantizar un derecho constitucional a los niños, eso sí, de espaldas a los padres cuyo amparo es su primer derecho natural y constitucional, pues, así lo expresa el art. 27.3 y tantos textos de Derecho internacional.
Efectivamente, los niños, en fase de maduración, pueden ofrecer menos resistencia a la inmisión moral de una materia como Educación para la ciudadanía. Precisamente, en atención a esa vulnerabilidad y vocación a desarrollar su personalidad libremente, la naturaleza y el Derecho ponen a los padres como garantes. «El desarrollo de la personalidad ha de ser libre —artículo 10.1 de la Constitución española—, de modo que resulte de los actos y las actitudes elegidas a lo largo de la vida de las personas desde su infancia, es decir, durante el proceso de formación de la personalidad. Y precisamente porque esto es así, es por lo que el artículo 27.3 de la Constitución española hace referencia al derecho de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos, pues a éstos es a quienes corresponde la función de educarlos —artículo 154 del Código civil—, en orden al desarrollo de la personalidad de aquéllos» (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 159/2008, de 8 de julio, FJ 4 A).
El por qué no
Aquí viene, pues, la segunda parte de esta reflexión, el rechazo, con razones, de esta educación para la ciudadanía.
Primero y principal por la apropiación, por el poder público, ¡cuyos detentadores son tan modélicos!, del papel de Educador, en detrimento de la familia y la sociedad. Además, puestos a ocuparnos de la ciudadanía, hay que abordar sus problemas reales, como el de la vida y su protección jurídica, o, entre los que el Consejo de Europa mencionaba, «los nacionalismos violentos». Asimismo, habría que emplear los recursos apropiados, también sugeridos por aquel organismo internacional, para su solución: la familia, las religiones, etc.
Por otro lado, no hay que olvidar que, en lugar de hacer lo que se debe, se ha sembrado la asignatura de los disparates expuestos. Este contenido, o crear el marco que le dé entrada en el colegio, constituye un peligro para la integridad moral de los menores. Frente a él los padres tienen la obligación de defender el núcleo constitutivo de la personalidad de sus hijos, la conciencia.
Esta misión es lo fundamental de su ser de padres, preservar lo mejor de sus hijos, es decir, educar, primero arrancando las amenazas, malas influencias, o mensajes nocivos, luego proponiendo —en el respeto de su singularidad—, con la palabra y el testimonio directo, pautas, para el día a día, y un proyecto abierto que dé sentido y hondura a sus vidas.
Bajo este prisma se usarán los medios de comunicación social en el hogar; o, en el margen escasísimo de disponibilidad del propio dinero (pues con él se pagan los centros públicos y concertados), se elegirá colegio, y orientarán las amistades de los hijos.
Una observación. La solución definitiva al mal paso de esta Educación para la ciudadanía no llegará de la mano del Tribunal Supremo, en resolución del recurso para unificación de doctrina, como apuntó José Luis Bazán. Sobre el asunto que aquí se ventila hay otras instancias competentes: Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podría ser una ayuda eficaz si la sentencia es seria y se atiene, más allá del legalismo que aupó en el poder a Hitler, a la defensa de los derechos fundamentales.
Pero el fraccionamiento del sistema educativo español, uno de nuestros problemas, hace imposible tal unificación. En unas comunidades autónomas se habla de enseñanza pública «laica», y se hace del Estatuto, recurrido ante el constitucional, el parámetro no sólo de legalidad sino también de la escuela y la moralidad; en otras se ha fijado una «competencia emocional», o se han creado optativas, cortadas por el patrón de la ideología de género (cfr. sentencia del Tribunal Superior de Andalucía de 30 de abril de 2008). Tampoco falta la propuesta de una modalidad de Educación para la ciudadanía a partir de trabajos elegidos por los alumnos y sus familias, ni las diferentes dotaciones horarias de estas materias. Por ejemplo, en algunas autonomías a Filosofía y Ciudadanía se le atribuyen tres horas, y en otras dos. En el mejor de los casos, de los requisitos expuestos en el art. 96.1 de la Ley Jurisdiccional de 1998, sólo se cumplirían los de sentencia dictada en instancia única, ante tribunal superior de justicia, y el de igual pretensión.
Ni los supuestos fácticos de los 44.000 casos de objeción coincidirán, ni los argumentos legales esgrimidos, ni serán aplicables las mismas normas (en función de las autonomías). ¿Cómo se podrán unificar materiales tan heterogéneos?
Además, el problema legal es más vasto, afecta a los recursos presentados contra las regulaciones autonómicas (en esto el Gobierno ha sido intransigente). También los que se puedan generar en relación con los conciertos de algunos centros que han objetado, por su carácter propio, o con las actuaciones del Gobierno contra textos, como el de la Editorial Casals.
La solución verdadera parte, en este y cualquier asunto sobre educación, de respetar, primero, y ayudar, después, a los padres en su difícil y esencial tarea formativa.
