CAMINEO.INFO.- Ante las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno realizadas ayer en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, la Fundación Vida lamenta que la ‘extensión de derechos’ de la que se jacta, no haya alcanzado en los casi cuatro años del Gobierno socialista a todos los seres humanos indefensos, deliberadamente asesinados en el seno de su madre, que en los últimos cuatro años fueron un total de 388.000 hombres y mujeres.
La vicepresidenta se ha referido a que el Gobierno ha incluido “nuevos y más derechos que a nadie obligan”. “María Teresa de la Vega confunde derechos y libertades, algo muy propio de quien no entiende que los derechos humanos son algo que no es conferido por los estados u otras instituciones, sino que son inherentes a cada persona, independientemente de cualquier tradición ética, social, cultural o religiosa”, ha afirmado a este propósito el director de la Fundación Vida, Manuel Cruz.
“Ahora que se van a cumplir 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Fundación Vida quiere recordar que estos derechos se basan en la dignidad común que tienen todos los hombres por su naturaleza común. En este sentido, y respecto al derecho a la vida, el Gobierno aún tiene que reconocer y proteger las vidas de los no nacidos, y de los incontados embriones humanos que se almacenan en neveras de hidrógeno. Se estiman que en España son más de 200.000”, sigue diciendo el directivo de esta fundación.
“Una sociedad que no ancla sus avances en derechos humanos en la naturaleza humana, es una sociedad se daña a sí misma. No avanza, sino que retrocede. Y en cuanto al derecho a la vida, si no se respeta este derecho humano, la sociedad envejece porque le faltan niños y jóvenes. Por eso en España se echan en falta hoy más de 1.100.000 hombres y mujeres matados deliberadamente cuando estaban en el seno materno. Si vieran, hoy crearían riqueza, ampliarían nuestros mercados y aportarían esperanza a la sociedad”, termina diciendo el director de la Fundación Vida.
Por otra parte y tras la reunión entre los representantes de las centros abortistas en huelga y la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, ésta se ha comprometido a protegerlos de los ataques que, según afirman, reciben por parte de grupos ultraconservadores y neonazis.
Partiendo de condenar el uso de la violencia, si es que se ha producido, la portavoz de la plataforma Hay Alternativas, la doctora Gádor Joya, critica que “se criminalice a los que defienden a las víctimas, y se convierta en víctimas a los verdugos. Desde el Gobierno se le está haciendo el juego a esto centros; lo que deberían hacer, si actúan conforme a la ley, es abrir sus puertas de par en par para demostrar que no están cometiendo delito”.
La huelga, una cortina de humo
“Esta huelga es una cortina de humo para distraer la atención del hecho real de que hay gente abortista en la cárcel, clínicas cerradas, y otras denunciadas por las irregularidades cometidas en ellas. Sin embargo, ninguna de las personas que defienden al no nacido se encuentra encarcelada en la actualidad. Esa es la realidad y no otra”, refiere Gádor Joya.
“Lo que debería hacer el Gobierno es proteger a esos niños que van a ser asesinados impunemente y ofrecer ayuda a las mujeres que, en la mayoría de los casos, se ven abocadas a tomar una decisión trágica y con graves secuelas en la mayoría de los casos, por falta de alternativas; en vez de esto, el Gobierno ha decidido colaborar en la labor de criminalizar a aquellos que, además de criticar una ley injusta que se ha revelado además como un coladero para cometer toda clase de ilegalidades con tal de hacer negocio, algo que ya hemos visto que le irrita mucho, se dejan la piel a diario por ayudar a la mujer”, concluye la doctora.
Fuente: Fundacion vida y Hay alternativas