CAMINEO.INFO.- La directora de la Oficina Internacional de Fundación Vida, la mexicana Paulina Sada, condenó duramente la decisión de los cuatro jueces del SCJN de permitir que se siga abortando en el Distrito Federal. “La postura de estos cuatro señores es un fraude, puesto que nuestra Carta Magna protege la vida de los no nacidos, a los que reconoce como mexicanos de pleno derecho en los artículos 30, 32 y 37”.
“Es una vergüenza que los encargados de interpretar la Constitución se atrevan a decir que ésta ‘no establece un derecho a la vida’, cuando a lo largo de su texto se garantiza precisamente que la vida esté lo más protegida posible para los mexicanos. Si no existe el derecho a la vida ¿por qué está prohibida la pena de muerte por el artículo 22? Lo que esta decisión significa, de facto, es una condena a muerte a miles de mexicanos de pleno derecho”, argumenta la directiva. “El problema de este tribunal es que se ha dejado influir por lo que ha visto en otros países, y eso le ha llevado a deducir, con una lógica corrupta, que no existe el Derecho a la Vida”.
“No se puede admitir que las personas en cuyas manos está el cumplimiento último de las leyes pongan excusas infantiles como ‘no es nuestro trabajo decidir cuándo se inicia la vida, pero sí defender los derechos fundamentales’. Entonces, ¿Cómo va a juzgar cualquier asunto que le llegue si no entiende sobre lo que legisla, a pesar de la gravedad de la materia?
Es una falta de respeto a los mexicanos que decidan que se puede matar a ciudadanos inocentes porque no les compete a ellos decir si se ha iniciado la vida o no”, acusó la Fundación Vida.
“Pues bien senorías, están actuando con total falsedad, puesto que el derecho a la vida es el derecho primario, del que se originan todos los demás, y está recogido en el artículo tres de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Por lo tanto, están actuando contra el derecho más fundamental de todos, y atentan contra la jerarquía de los derechos, que es el criterio a seguir cuando dos derechos fundamentales entran en litigio”, señaló Paulina Sada.
“Por si fuera poco, el propio Constituyente, con motivo de la última reforma constitucional en materia de nacionalidad (artículos 30, 32 y 37), señaló de manera textual en el artículo tercero transitorio que ‘las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre en vigor, seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebidos durante su vigencia.’ (Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 1997), doctrina que ha continuado, puesto que dos años después se insistió en considerar al concebido como persona”, denuncia la directiva.
“Con esta decisión, México está cometiendo un error del que se arrepentirán las generaciones venideras. Este país no ha querido mirar a su alrededor para ver las consecuencias del aborto libre, y las sufrirá en sus carnes, empezando por la falta de reemplazo generacional, lo que castigará severamente la economía del Estado, primero con las pérdidas de las empresas de bienes para la infancia, y posteriormente para el mantenimiento del Estado de Bienestar con los impuestos, mientras que aumentarán los gastos sanitarios por los trastornos físicos y psíquicos provocados por la interrupción del embarazo y el envejecimiento del país”, concluyó Paulina Sada.
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