El derecho a la educación y sus titulares

El cardenal arzobispo de Madrid Rouco Varela pronunció ayer una conferencia en el Club Siglo XXI en la que, bajo el título 'El derecho a la educación y sus titulares. ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?', denunció la crisis de la educación moral del alumnado - «con la adicción a la droga o las conductas sexuales disolutas»-, la dificultad de los padres para poder seleccionar centro educativo o los «obstáculos» que hay que superar para que los alumnos reciban formación moral o religiosa. 

El cardenal resaltó «la coincidencia creciente de la normativa internacional, sobre los titulares del derecho a educar, en base a sus innatos y correspondientes deberes» y afirmó «que en el proceso educativo intervienen por derecho propio los padres, en primer lugar, las instituciones sociales, luego, y, finalmente, el Estado se han ido perfilando con caracteres jurídicos cada vez más nítidos las normas internacionales relativas a esta materia».

Añadió "Está previsto en la Constitución para Europa –en fase de ratificación– el que haya de asegurarse la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas".

Según monseñor Rouco, "la ideología laicista va incluso más allá de la pretensión de identificar Estado y sociedad pública; se propone relegar a la insignificancia jurídica y social todo lo que no sea Estado o venga estructurado y administrado estatalmente en un Estado así, concebido a la medida jurídica del laicismo radical, poco sitio queda y quedará para los derechos de los padres a elegir libremente el tipo de educación y la escuela que quieren para sus hijos e, incluso, para poder reclamar en el marco escolar estatal una enseñanza de la religión y de la moral que profesan con un mínimum de rigor pedagógico y de dignidad académica, por eso compaginar laicismo radical con el principio de la libertad de enseñanza resulta poco menos que imposible, las distintas leyes educativas que ha habido en España hasta el momento (LODE, LOGSE y la incipiente LOE) no han solucionado el problema dijo.

El arzobispo de Madrid señala que con la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de julio de 1985 y de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 3 de octubre de 1990, "se prima abiertamente la superioridad jurídica del Estado en el campo de la enseñanza sobre el derecho de los padres y, por supuesto, sobre el de la sociedad en vez de concebir sus competencias como subsidiarias de las propias y primeras de los padres y de las que pertenecen a la sociedad y a sus asociaciones e instituciones libre y responsablemente formadas, ocurre lo contrario: se considera y trata jurídicamente a la familia como subordinada al Estado en el campo de la educación de sus hijos y, naturalmente y mucho más, a la sociedad".

Finalmente, el cardenal Rouco reconoció que "un motivo de nueva y desconocida preocupación por el futuro del ejercicio libre y pleno de la responsabilidad de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos viene suscitado también por la previsión de la enseñanza de una nueva materia obligatoria en todas las etapas de la escuela, desde la primaria hasta el bachillerato, titulada Educación para la Ciudadanía y definida legalmente como educación ético-cívica el Real Decreto que concreta y explicita sus fines, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, no sólo no disipa los temores legítimos de muchos padres y de muchas instituciones sociales probadas y comprometidas con la educación de las nuevas generaciones, sino que los confirma y agrava".

Para concluir, el arzobispo de Madrid sugirió «retornar de nuevo, hoy, en estos momentos de innegable encrucijada histórica, a la Carta de las Naciones Unidas y a su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comprendida y actualizada como «un compromiso moral asumido por la humanidad entera».

Del mismo modo, consideró oportuno retomar «la Constitución Española de 1978, asumida igualmente como un compromiso moral de todos los españoles, y sus fórmulas culturales, políticas y jurídicas, generosas y fecundas, que abrieron para España las puertas históricas de un nuevo futuro de libertad, solidaridad, justicia y paz», así como «a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España, en lo que atañe especialmente a la problemática de la educación».