La Pequeña Obra de la Divina Providencia (Obra Don Orione) informó a través de un comunicado que, junto con otras instituciones, logró que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sancionara un nuevo marco regulatorio para la atención de las personas con discapacidad. La medida del organismo es el desenlace de un conflicto que mantenían desde hace varios meses debido a inconvenientes que se venían registrando en la atención de los pacientes.
La Obra Don Orione, el Foro Permanente para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y otras organizaciones que trabajan con la discapacidad expresaron su acuerdo con la nueva resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) referida a los reintegros a las obras sociales nacionales a través del nuevo Sistema Único de Reintegros por prestaciones a personas con discapacidad.
“En una primera lectura no vemos inconvenientes, hay que estar atentos, como siempre, a su puesta en práctica”, sentenciaron desde la Pequeña Obra de la Divina Providencia.
“Creemos que la resolución trae tranquilidad a los afiliados de las obras sociales nacionales con discapacidad y sus familiares –informaron mediante un comunicado-. Esperamos que ahora las obras sociales reciban las presentaciones de tratamientos para el año 2013 y que en el futuro no haya negativa o trámites innecesarios ante solicitudes de tratamientos reconocidos claramente por la Ley y las normativas correspondientes”.
A fines de octubre, la Obra Don Orione había denunciado que la SSS desconocía los alcances de la ley 24.091 de Prestaciones Básicas a través de la Resolución 1200/12, publicada el 3 de octubre. A través de ese instrumento legal, se había reducido o directamente suprimido el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales, con las que éstas recibían y daban tratamiento a las personas con discapacidad. En aquella ocasión, también habían denunciado que el PAMI (Plan de Asistencia Médica Integral) había interrumpido la cadena de pagos.
La sucesión de medidas controversiales llevó a que el 30 de octubre unas dos mil personas vinculadas a la problemática de la discapacidad se reunieran en Diagonal Sur y la peatonal Perú, de la Capital Federal, para reclamar que se dé marcha atrás con la resolución del organismo, alegando que afectaría la atención de casi 100.000 personas con discapacidad.
A pesar del descontento y la movilización, ya en esa semana representantes de las organizaciones, entre los que se encontraba el presbítero Pablo Molero, responsable de la Comisión Arquidiocesana de Personas con Discapacidad, habían comenzado a trabajar con las autoridades de la SSS para lograr una normativa de común acuerdo. Siendo así, los convocantes habían decidido trasladar el foco de la protesta a las puertas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Los firmantes del comunicado sostuvieron que “esta nueva resolución es un logro de la movilización de la sociedad y de los funcionarios que saben escuchar los justos reclamos y que entienden que está en sus manos generar soluciones a las personas que por derecho tienen que ser atendidas”. +
