El pasado mes de mayo las asociaciones Enraizados y Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia lanzaron una campaña de denuncia de la situación de Monseñor Tadeo Ma Daqin, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Shanghai desde el 7 de julio de 2012. Durante su ordenación, el prelado declaró que renunciaría a sus cargos en la Iglesia Patriótica, controlada por el Estado chino.
Este gesto, largamente aplaudido por los 1.200 fieles presentes en la catedral, tuvo rápida respuesta por parte del Gobierno chino, quien ha privado de libertad al eclesiástico católico desde el 8 de julio del año 2012. Por este motivo, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia y la asociación Enraizados promovieron una petición (que ha sido suscrita por más de 10. 000 personas) que solicitaba al Gobierno español y a representantes diplomáticos de nuestro país una serie de acciones para pedir la liberación de monseñor Ma Daqin.
Como explican desde las entidades promotoras, esta campaña se fundamenta en el derecho a la libertad religiosa y de conciencia reconocida en numerosos tratados internacionales y, más concretamente, en el acuerdo adoptado por el Pleno del Congreso de Diputados el 2 de marzo de 2011 que, entre otros asuntos, «instaba al Gobierno a actuar en defensa del derecho fundamental a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión ante las autoridades competentes de aquellos países en los que se producen vulneraciones del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto para que se reconozca en ellos plenamente».
Pues bien, tres meses después del lanzamiento de esta iniciativa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido a bien contestar a los adheridos a la campaña a favor de monseñor Ma Daqin a través de su gabinete expresando su total respeto a la libertad de religión o de creencias sin más compromiso que actuar en los diferentes foros en defensa de la libertad de creencia. (Se adjunta archivo con la contestación).
«Esto y nada es lo mismo», aseguran José Castro (Asociación Enraizados) y María García (Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia). «Resulta que en pleno siglo XXI algunos países tienen libertad para vulnerar los derechos y creencias de la mayoría de sus ciudadanos. Y el Gobierno español se limita a hacer una declaración formal sin ninguna petición ni compromiso. ¿A que espera? Hay muchos perseguidos y retenidos en China a causa de sus creencias. ¿Les vamos a dejar solos? ¿Va a estar el Gobierno de España a la altura de los más de 10.000 ciudadanos que le han pedido que interceda por la libertad plena de Monseñor Ma Daqin?» concluyen.
