La sentencia de un juez de Oregón pone fin a las últimas demandas que solicitaban compensaciones económicas de la Santa Sede.
El pronunciamiento este lunes del juez federal Michael Mosman, del distrito de Portland (Oregón), ha sido recibido con satisfacción por el abogado del Vaticano, Jeffrey Lena, que lo considera "muy significativo, porque la Santa Sede ha trabajado paciente y colaborativamente con el proceso judicial norteamericano hasta llegar a este día".
La sentencia se refiere a las acusaciones contra el sacerdote Andrew Ronan, que fue trasladado de Irlanda a Chicago primero, y de Chicago a Portland después, cuando las autoridades eclesiásticas conocieron las acusaciones contra él por abusos sexuales a menores. Fue precisamente una persona de Portland, que denunció en 2002 haberlos padecido en 1965 y 1966 cuando era un adolescente, la que motivó el caso. Su abogado ya ha informado de que apelará la sentencia.
Diversos jueces han desestimado ya la responsabilidad del Vaticano en este tipo de casos, y éste era el último de los que quedaban por examinar en ese sentido en los tribunales del país, por lo cual no habrá lugar a las indemnizaciones que se pedían a la Santa Sede.
Las razones del juez Mosman, basadas en miles de páginas de documentación aportadas por el Vaticano, son que la Santa Sede no puede ser considerada "empleadora" de Ronan, que era lo que alegaba la acusación. Tampoco la reducción al estado laical con la que fue castigado el abusador puede ser considerada un "despido" en términos de relación laboral, que es lo que pretendía el denunciante para establecer una conexión empleador-empleado, y en consecuencia una responsabilidad económica de la "empresa".
Del mismo modo, la sentencia establece que el Vaticano no pudo controlar en ningún momento a Ronan, que sólo conoció los abusos a través de la diócesis cuando se produjeron en Portland en 1966 (su último destino) y que entonces le apartó del sacerdocio a petición propia.
En una carta fechada el 14 de febrero de 1966, Ronan explicaba las razones para su petición: "Mis repetidas, admitidas y documentadas tendencias y actos homosexuales contra el voto de castidad y contra el celibato sacerdotal". Tras convertirse en un laico normal, murió en 1992.
La importancia de los fundamentos de la sentencia es que zanja definitivamente la pretensión de hacer responsable civil al Vaticano de cualquier caso de pederastia de cualquier sacerdote sólo por la relación jerárquica con su obispo, y de éste con el Papa.
