CAMINEO.INFO.- El principio de curso suele conllevar noticias sobre el precio del material escolar, -que suele ir en aumento- la calidad del transporte, los horarios y las condiciones laborales de los docentes. Sin embargo, desde hace cuatro años han irrumpido en el panorama escolar de principio de curso los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), padres que se niegan, por razones de conciencia y de valores morales, a que sus hijos asistan a clase de estas asignaturas que se imparten desde Primaria hasta Bachillerato en los centros españoles.
Profesionales por la Ética ha recogido el testimonio de algunos de estos padres, que rechazan la materia del gobierno socialista. Francisco Navarro, un padre de familia madrileño, manifiesta que él y su mujer objetan a EpC en nombre de su hijo mayor (5º de Primaria) porque consideran que la asignatura, tal como está diseñada en el currículo, se entromete en la formación moral y de valores de sus hijos y no están dispuestos a que ningún Gobierno quiera manipular a sus hijos. «La objeción», manifiesta Navarro, «no es al colegio ni a los profesores sino a una asignatura que legalmente pretende modelar la conciencia moral de los jóvenes, algo que resulta inaceptable porque es una intromisión del Estado en nuestra familia».
La objeción a EpC implica que el alumno objetor no entra en clase de esa asignatura, una circunstancia que la familia Navarro conoce y asume como parte de la formación humana de su hijo: «es parte importante de su educación que entienda las razones de la objeción, decida y aprenda que ser coherente con lo que uno cree tiene consecuencias como el no entrar en clase e incluso suspender una asignatura por coherencia».
La familia Navarro espera que el Partido Popular cumpla su promesa de suprimir Educación para la Ciudadanía si llega al Gobierno como ha declarado Mariano Rajoy en diferentes ocasiones.
Profesionales por la Ética recuerda que las asignaturas de EpC fueron impuestas por el Gobierno sin consenso y han dado lugar a 55.000 objeciones de conciencia, a casi 3.000 procedimientos judiciales y a una demanda presentada por 375 españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de numerosas denuncias en diferentes organismos internacionales.
