Madrid/ESPAÑA.- Aunque la supresión de Educación para la Ciudadanía (EpC) estuviera en el programa del PP, Marisa Pérez Toribio, presidenta de la Federación España Educa en Libertad (EEL), tiene claro que «el rechazo social ha sido clave» en la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, la presidenta de esta federación ha asegurado a La Gaceta que el millar de familias que mantuvo la objeción hasta el último momento no considera suyo el éxito: «Es un triunfo para todos». Ahora piden al ministro de Educación medida transitorias para solucionar la situación de los objetores
Aunque el número de objeciones que se llegaron a presentar contra EpC –55.000– no parezca muy elevado, la presidenta de España Educa en Libertad recuerda que la objeción no es similar a la mera recogida de firmas de protesta, sino que constituyó un riesgo notable.
Los objetores, según Pérez Toribio, “han tenido dificultades por muchas razones, entre ellas porque en muchos centros se pensaba que iban a poder adaptar la asignatura a su ideario, aunque legalmente no podían. Objetar suponía emprender una vía muy complicada”.
Esta complicación creció tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que no apreció derecho a objetar en cuatro casos concretos. Para la presidenta de España Educa en Libertad, muchos padres decidieron entonces “entrar en clase por imperativo legal”. Quienes siguieron objetando no criticaron a los que no siguieron adelante, pues además pronto se hizo patente “que antes de su supresión EpC ya no era lo que pretendía el Gobierno. Estaba descafeinada, e incluso Marina afirmó que había sido vencida”.
Amparo del Constitucional
EEL está ahora pendiente del recurso de amparo admitido por el Tribunal Constitucional. Para Pérez Toribio, si el TC “reconoce que los padres objetores tenían razón desde el principio”, sería “el final absoluto de la asignatura”. Ni siquiera parece importar a la presidenta de EEL que ganar este pleito implique indemnizaciones. Incluso supone que si la sentencia del TC reconoce claramente el derecho a objetar, no haría falta proseguir la demanda presentada por los padres objetores en Estrasburgo contra el Estado español. La demanda promovida por EEL es ahora coordinada por Profesionales por la Ética.
Lo que aún está pendiente y preocupa a Pérez Toribio es que el ministro Wert acepte reunirse con los representantes de los padres objetores y articule incluso antes de la implantación de una nueva asignatura “medidas transitorias para solucionar la situación actual de los objetores”, que tienen que quedarse fuera de clase, o incluso del colegio, y tienen suspensos en sus expedientes.
