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Médicos católicos objetan excesos de facultades de la Corte

Wed, 21 Mar 2012 01:01:00

Buenos Aires/ARGENTINA.- El Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires lamentó “profundamente el fallo unánime de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de no castigar el aborto en los casos de violación”.

“Este fallo -explícito para los casos de violación- implica llanamente la supresión del derecho humano más fundamental, cual es el de nacer, pues se podrá aplicar en cualquier embarazo”, advierte el Consorcio en una declaración con las firmas de los doctores Alejandro Nolazco, Fabián Romano y Carlos Abel Ray, presidente, secretario y consultor, respectivamente.

Tras aseverar que “la Corte Suprema se ha excedido en sus facultades”, sostiene que “se han violado puntos de índole procesal, naturales, biológicos, estadísticos, jurídicos, éticos y religiosos”.

“Asesinar a esa persona pequeña e indefensa o considerarla un injusto agresor, es un grave atentado a los planes de Dios”, subrayaron los médicos católicos.

Texto de la declaración
El Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires lamenta profundamente el fallo unánime de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de no castigar el aborto en los casos de violación. Este fallo -explicito para los casos de violación- implica llanamente la supresión del derecho humano mas fundamental, cual es el de nacer, pues se podrá aplicar en cualquier embarazo.

La Corte Suprema se ha excedido en sus facultades. Se han violado puntos de índole procesal, naturales, biológicos, estadísticos, jurídicos, éticos y religiosos.

Procesalmente la Corte no tenía a resolución ningún caso ni expediente concreto y su fallo fue en adhesión a la Resolución de un Tribunal Provincial. Por lo tanto, su Declaración es simplemente enunciativa y no obliga, por no ser dictamen de un caso en estudio, pero seguramente será acatada y seguida por la mayoría de los tribunales inferiores.

Atenta contra la naturaleza humana, que un Alto Tribunal de Justicia dicte un fallo como el analizado. Los embriones y los fetos son seres humanos y ciudadanos que desde su concepción tienen que ser protegidos por la Justicia y defendidos por la Corte. Si hubo un delincuente violador, es a él a quien hay que buscar y castigar. Es incoherente castigar con la pena de muerte, violenta y agresiva, al ser inocente resultado de ese delito sexual.

Biológica y antropológicamente el ser concebido es una persona humana con las características, derechos y dignidad que le son propias. Es un ser en acto. Es decir: vive, existe. Es muy pequeño, microscópico: mide sólo 140 micrometros, la séptima parte de un milímetro. Pero tiene vida activa. La primera semana de vida no crece en tamaño, pero sus células se multiplican aceleradamente. Mas aún, durante esos primeros días de su existencia -antes de anidarse en el útero materno- es un ser libre y autónomo que vive y se desplaza por la Trompa de Falopio materna.

Y este ser en acto, tiene en potencia todas las cualidades y propiedades que tendrá en su vida adulta. Se formó físicamente con la mitad de los cromosomas que aportó la madre y la otra mitad el padre (aunque sea el violador). No se puede decir que ahora es “algo” y que después será una persona. Es, ya una persona humana completa con potencias que se irán desarrollando progresivamente. Tiene cromosomas sexuales XX si es mujer o cromomas XY si es varón. Y eso es definitivo y nunca cambiará. Físicamente medirá 4 cm. a los dos meses de gestación, 25 cm. a los cinco meses, 50 cm. al nacer a los nueve meses y 1,60 o 1,80 metros en la adultez.

Al abortar se está asesinando un pequeño ser humano.

Estadísticamente, los partidarios del aborto manifiestan que por los abortos clandestinos mueren centenares de madres y sobre todo adolescentes inexpertas. La realidad y las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud del año 2009 señalan que por todas las causas hubo 429 muertes maternas en el país, y de ellas, 87 lo fueron por abortos, suma de espontáneos y de provocados.

Por otra parte, hablan de una calamidad nacional, especialmente entre las madres adolescentes que -dicen- mueren por abortos clandestinos. Se habla de decenas de muertes de adolescentes por esa causa, en las regiones más pobres del país. Eso no es verdad. Estudiando las mismas cifras estadísticas oficiales del Ministerio de Salud se observa que en las madres adolescentes menores de 20 años de edad, la mortalidad materna por todas las causas en la Argentina ha sido de 35 madres. En ese año, en todo el país han fallecido 8 jóvenes menores de esa edad por abortos espontáneos o provocados. Esto destruye el argumento tan difundido, de que es necesario el aborto legal para evitar la alta mortalidad de menores de edad por aborto en la Argentina.

Para reducir estas muertes la solución no es el aborto libre, sino mejor organización sanitaria, buena atención médica y un subsidio serio universal a las madres embarazadas y a los recién nacidos. Por otra parte, con los abortos permitidos libremente, aumentarán las muertes maternas.

Jurídicamente, el aborto libre “en casos de violación” contradice a la Constitución Nacional, al Código Civil y al Código Penal. La Constitución en el Preámbulo sostiene que hay que afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. En su Art. 18 prohibe tanto las penas sin juicios previos, como los tormentos. El Art. 25, inc. 22 otorga jerarquía constitucional -superior a las leyes- a los Convenios internacionales que defienden al niño desde la concepción, como ser la Convención Americana de Derechos Humanos de Costa Rica del año 1969 y la Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del año 1989.

El Código Civil señala en su Art. 70 que “se es persona desde la concepción” . El Código Penal condena el aborto en el Art. 85 y expresa en el Art. 86 inc 1) que no es punible en caso de peligro para la madre y en el inc. 2) en caso de “violación o de atentado al pudor de una mujer idiota o demente”. Pero la Corte no ha interpretado este inciso del Articulo 86 del Código Penal (que es clarísimo) sino que en la práctica lo ha derogado. Ello no puede hacerse en un estado de derecho. La única forma de derogar una ley, es por otra ley posterior. Este es un principio básico de la República. Los jueces de la Corte no pueden interpretar una ley de la manera en que lo han hecho.

A fin de evitar que el erróneo fallo sea extendido a casos en que no hubo violación, es de esperar que los jueces de todo el país tengan presente que la violación esta tipificada en el Art. 119 del Código Penal y que para darle valor legal debe existir una denuncia judicial del delito y una condena respectiva. Esa denuncia, debe ser hecha en tiempo y forma, obviamente simultáneamente con la comisión del delito y no uno, dos o más meses después de alegado el hecho.

La Corte con su fallo permite abortar, pero los que realizarán los abortos serán médicos que han estudiado y se han dedicado a defender la vida y la salud de sus enfermos. No a matarlos. Al recibirnos hemos hecho el juramento hipocrático o de la Convención de Ginebra, de defender la vida y de no matar. De ninguna manera y por ninguna presión, debemos los médicos y el equipo de salud convertirnos en verdugos de pequeñas personas inocentes.

No escapa a nuestro pensamiento la tremenda realidad y el estado emotivo que se genera en una mujer que ha sido violada, quien sin duda llegará a plantearse diversas alternativas respecto de su situación. Frente a ello, la legislación y las autoridades deberán tener muy en cuenta la asistencia médica, social, psicológica, familiar y religiosa de aquella persona que lleva dentro una nueva persona, un ser humano con derecho a la vida.

Finalmente -y muy importante- como médicos católicos declaramos que es Dios quien da la existencia y no existe sociedad o autoridad alguna que pueda disponer libremente de la vida de una persona humana inocente. Desde sus inicios, Dios otorga al nuevo ser humano un alma que le da la dignidad de persona humana, heredera del cielo. Asesinar a esa persona pequeña e indefensa o considerarla un injusto agresor, es un grave atentado a los planes de Dios.

Por eso el Concilio Vaticano II en el punto 51 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes dice que “el aborto y el infanticidio son crímenes abominables” y Juan Pablo II en el punto 62 de la Encíclica Evangelium Vitae lo reafirma, llamándolos “crímenes nefandos”.

El Consorcio de Médicos Católicos lamenta la interpretación que ha dado la Corte al Art. 86 del Código Penal y ruega a Dios y a la Virgen Madre ilumine las mentes y los corazones de las autoridades para reparar este error. Además, espera fervientemente que el Poder Ejecutivo eleve un proyecto de ley al Parlamento, o que legisladores que estén a favor de los derechos humanos presenten un proyecto de ley, que condene el aborto en los casos de violación, por ser ello contrario a la vida, a la justicia con los más débiles y por constituir un asesinato, grave agresión al bien común de la sociedad y de las familias que la constituyen.+


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