Los injustos planes de reinserción terrorista, falsean el Estado de Derecho

El plan de reinserción de los presos terroristas del totalitario marxismo leninismo tanto de ETA como de sus correligionarios del Grapo (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) y también de los terroristas islámicos (profanadores blasfemos de Dios) sin pedir perdón a las víctimas, no es sino seguir por el mismo camino de siempre de injusticia por parte de las ideologías en el poder, en la aplicación de las negociaciones, de las estrategias, de los planes de reinserción injustos, y de las leyes ideológicas inconstitucionales y contra los Derechos Humanos. Con ello, se sigue provocando la indignación de la mayoría de la sociedad civil, porque los métodos del terrorismo atentan contra las libertades fundamentales del Estado de Derecho constitucional y democrático.

En los asuntos de terrorismo quienes mal administran el Estado de Derecho, porque tienen el poder de las mayorías parlamentarias y la dictadura demagógica del consenso, se esconden tras la máscara de la justicia, ya sea el Ministerio del Interior, ya sea la Fiscalía, ya sea el Tribunal Supremo o ya sea el Tribunal Constitucional.

Las autoridades públicas como los gobernantes y los jueces, tienen la responsabilidad moral y constitucional de impedir y neutralizar con acciones justas el terrorismo metódico[1], que desde el siglo XX y en el siglo XXI, es otra forma de hacer la guerra que atenta contra la convivencia pacífica de la sociedad española, contra el bien común del Estado de Derecho, pues, destruye la libertad y la dignidad de nuestra sociedad.

Con las negociaciones o planes de reinserción terroristas, se pretende persuadir al pueblo de que actúan con el peso de la ley, pues, al pueblo se le quiere convencer de que el poder tiene la potestad de interpretar el Derecho, olvidándose de los principios morales y constitucionales. Las autoridades políticas, hacen y deshacen, distorsionan el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, con negociaciones y planes de reinserción para los terroristas fuera y dentro de las cárceles, e incluso permitiéndoles entrar en las instituciones democráticas, que, no conducen más que al olvido de las víctimas del terrorismo y al desprecio de nuestra democracia constitucional.

Las autoridades política y jurídica, son las primeras responsables en la lucha contra el terrorismo. Gobernantes y jueces, tienen el deber moral de contribuir a la creación de las condiciones legales para neutralizarlo e impedir que vuelva a renacer, porque en todas las sociedades existe el derecho a defenderse del terrorismo tanto con reglas morales como jurídicas[2], teniendo en cuenta los Derechos Humanos y los fundamentos del Estado de Derecho.

[1]"Se ha de evitar la guerra", en la Constitución pastoral "Gaudium et Spes",Nº 79, en Documentos completos del Concilio Vaticano II, Ed. Mensajero, Bilbao, 1986.

[2]Pontificio Consejo <>, "La promoción de la paz", en Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Edit. Biblioteca de Autores Cristianos-Planeta, Madrid, 2005, Nº^s 513, 514 y 515.