¿Es efectivo el papel de la oposición?

Quizás los equipos gobernantes se encargaron de mantener una absoluta opacidad acerca del uso que hacían de los caudales públicos que debían administrar e impedían el acceso de los distintos partidos de la oposición al estado de cuentas, o les facilitaban datos incompletos o trucados.

Cuando hay un traspaso de poderes en cualquier organización, los salientes deben entregar toda la documentación económica y el correspondiente balance de situación a los que llegan, pero si después resulta que tal balance está falseado, es lógico que se pidan las responsabilidades a que haya lugar y que los culpables de tales desaguisados no se marchen tan campantes.

Los hechos que vemos en las noticias de cada día respecto a los cambios de gobierno, nos debían plantear algunas cuestiones a resolver para el futuro de nuestro sistema, que se dice democrático.

Una cuestión sería el papel de la oposición frente a los gobiernos autonómicos, municipales y estatales. Está claro que los gobernantes, amparados en mayorías más o menos estables, buscan eliminar todas las cortapisas que se opongan a sus decisiones, pero los miembros de la oposición, que representan a todos los ciudadanos y no solo a quienes los votaron, deberían tener una función efectiva de contrapeso, para evitar los excesos y desafueros a los que tiende cualquier poder que se considera ilimitado, especialmente la ejecución presupuestaria a través de la que se usan los dineros de los contribuyentes.

¿Cómo podría hacer efectivo su papel la oposición? Las interpelaciones parlamentarias carecen de eficacia, frente al imbatible poder de la mayoría y el recurso a los tribunales para denunciar abusos, corrupciones o torcida ejecución de los presupuestos, resulta poco operativo, salvo que se consiga un poder judicial fuerte e independiente, suprimiendo el Tribunal Constitucional. Pero dejarlo todo a lo que resulte de las siguientes elecciones es aún peor, pues si vuelven a ganar los mismos, se reputan convalidadas sus actuaciones anteriores y si pierden, su derrota se entiende como un castigo político, que les exime de otras responsabilidades.

Otra cuestión puede ser si en las corporaciones locales tiene sentido una oposición, que a veces lo único que hace es cobrar el sueldo que se han asignado entre todos. Quizás podría ensayarse, hasta tanto se hace la necesaria reforma electoral, que las elecciones municipales fueran exclusivamente para alcaldes y el que sacara más votos quedara investido como tal y nombrara su equipo de gobierno para llevar a cabo su programa. El resto de los candidatos, que no formaría parte de plenos ni comisiones, ni cobraría por ello, tendría, en cambio, el derecho a examinar las cuentas de cada ejercicio, que se harían siempre públicas, durante el primer trimestre del año. Las irregularidades económicas que llegaran a detectarse las pondrían en conocimiento del poder judicial, que vendría obligado a dictar la oportuna resolución en los tres meses siguientes.

Es también importante, para evitar la inmunidad de los políticos culpables de una mala administración (inversiones temerarias y ruinosas, gastos injustificados, contabilidad amañada, incumplimiento de obligaciones, contrataciones fraudulentas, etc.) que se tipifiquen tales delitos con toda claridad con sus penas correspondientes, las personas o colectivos que pueden ejercer la acción penal y que sean los tribunales ordinarios los que juzguen.