Si leemos la Constitución podremos comprobar el amplísimo catálogo de derechos y garantías que se reconocen a los españoles, pero encontraremos bastante poco referido a sus deberes y obligaciones. Solo se dice que tienen el deber de conocer el castellano, de defender a España y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Para la efectividad de todos los derechos se asignan a los poderes públicos el deber de promoverlos, garantizarlos, organizarlos y hacerlos efectivos, con el dinero que todos tenemos que pagar. Si no se puede recaudar lo suficiente, pues se endeudan los poderes públicos, es decir, lo tendremos que pagar después, o lo pagaran nuestros hijos, con los intereses correspondientes.
Llevamos demasiado tiempo adormecidos con la nana de los derechos, sin que nadie nos haga despertar para cumplir con los deberes. El deber de pagar al fisco ya lo hacen efectivo las diversas administraciones gravando el consumo o haciendo que los empresarios nos lo vayan descontando cada mes del sueldo, lo cual parece más indoloro que tener que abonarlo de una vez. Si además Hacienda nos devuelve algo que nos cobró en demasía, nos ponemos la mar de contentos.
No fumar en sitios públicos, respetar las normas de tráfico o reciclar la basura doméstica, parecen el no va más de nuestros deberes.
El derecho constitucional a la huelga, repetido hasta la náusea estos días, no implica, al parecer, ningunos deberes a los organizadores ni a los asistentes. Así hemos visto las coacciones de los piquetes, la inutilización de los cajeros automáticos, la rotura de lunas de los escaparates, el destrozo del mobiliario urbano, la quema de contendores, el vandalismo de encapuchados apedreando a la policía, el asalto a comercios y hasta un grupo que come en un restaurante y se niega a pagar alegando que están de huelga. No se puede desligar la manifestación de la huelga organizada por los sindicatos, a mi parecer.
Es probable que entre los promotores de la huelga estuvieran los sindicalistas que, hasta hace poco, formaban parte de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que prestaron dinero sin responsabilidad y callaron cuando comenzaron los embargos de viviendas.
Seguramente muchas personas se han esforzado por adquirir una vivienda y pagar la hipoteca. Otros por la crisis no han podido hacerlo. Seguramente firmaron sus contratos, convencidos arteramente por promotoras a las que nadie pide responsabilidad y les pareció estupendo que la irresponsabilidad de las entidades prestamistas valorara la vivienda por encima de su valor real para comprar a la vez casa y coche.
Las deudas de las familias y de las administraciones, tendrán que pagarlas los ciudadanos a los que se les pueda cobrar. Seguramente no habrá otra solución, pero no puede ser que el famoso estado de bienestar, consista en que cada uno viva con la mano metida en el bolsillo de los demás. Los grandes beneficiarios de la época dorada del ladrillo me temo seguirán intocables e impunes.
Creo que si cada cual, desde su puesto, se pregunta sobre sus deberes como persona y deja de confiar en los poderes públicos para que le resuelvan sus problemas, las cosas marcharían mucho mejor, pues cuanto menos dependamos de ellos para vivir, más libres seremos.
