Una soberanía venida a menos

Siete años después de aprobarse la constitución, el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE y desde enero de 1986 ya éramos miembros de pleno derecho y todos, o casi todos, tan contentos.

La euforia del europeísmo pasó por alto que la agricultura española colisionaría con la agricultura francesa y alemana. España empezó a recibir dinero a cambio de matar vacas, arrancar olivos y viñas o sembrar girasoles subvencionados.

El paisaje se llenó de letreros informando que tales y cuales obras se hacían con fondos europeos. Como teníamos regiones deprimidas llegaba dinero europeo para levantarlas. Eran las regiones que estaban a la cola en renta per cápita y siguen estándolo.

Luego entramos en la moneda única cuyas ventajas nos vendieron acompañadas de pequeñas calculadoras para convertir pesetas a euros o euros a pesetas. Desde entonces la política monetaria salió de nuestras manos. Era una pérdida de soberanía, pero los préstamos que habían llegado a estar hasta un 17% de interés se abarataron y el precio del dinero, fijado por el Banco Central Europeo, animó a nuestros bancos y cajas a una expansión del crédito que hizo posible la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido lamentamos.

Como cualquiera que gasta más de lo que gana, España ha terminado en manos de sus acreedores que nos imponen sus condiciones.

Nadie nos advirtió a los españoles que tendríamos que obedecer, sin rechistar, todas las directivas del gobierno de Bruselas en agricultura, medio ambiente, pesca o industria y que también nos ordena subir impuestos, reformar nuestras leyes laborales, disminuir las pensiones… y la palabra "rescate" como una amenaza.

A nuestra complicada justicia con tantos tribunales "superiores", recursos y garantías, se añade el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como otra instancia más que puede tumbar las sentencias españolas.

Parece claro que la soberanía, que tan pomposamente se proclamó en el preámbulo de la constitución, ha quedado un tanto recortada, por mucho que nos digan unos y otros.

El gobierno se debate entre tanto problema, no sé si pensando en las próximas generaciones o en las próximas elecciones. Pero si no resulta muy airoso su papel en Europa, más cerca de Italia, Portugal o Grecia que de Alemania, el espectáculo interno es mucho peor. A pesar de todo lo que diga el título VIII del texto constitucional, no parece que haya decisión suficiente del gobierno para obligar a las comunidades autónomas díscolas a cumplir las leyes ni las sentencias de los tribunales.

Confiemos que las reformas que nos anuncian cada día sirvan para algo más que para ser tema de debate en las tertulias de televisión y radio.