La huelga de la enseñanza

Según nuestra Constitución la huelga es un derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Los profesores como trabajadores pueden ejercer este derecho en defensa de sus intereses, pero buscar el apoyo y la complicidad de los alumnos y sus padres, invocando recortes en becas, me parece reprobable. La huelga de estudiantes no tiene ninguna cobertura legal en la Constitución, que yo sepa.

Los profesores partidarios de la huelga, han utilizado su posición dominante para conseguir el apoyo de los alumnos y contabilizar como seguimiento a los que previamente sus profesores les han anunciado que no van a dar clase.

No se ha respetado el derecho de los profesores y de los alumnos que querían tener las clases correspondientes y se han visto insultados como esquiroles, fachas y otras lindezas del argot sindical, como he visto en los telediarios.

Que nuestro sistema educativo es manifiestamente mejorable parece algo fuera de toda duda. El fracaso escolar, los pobres resultados alcanzados frente a otros países y el fraccionamiento autonómico, son realidades que debían de llevar al profesorado a una sería reflexión en vez de a la movilización política.

El eslogan "Escuela pública de todos y para todos", repetido como un mantra, no parece responder al temor de que la escuela pública esté en peligro, sino más bien al deseo de suprimir la concertada. Conocer el coste y resultados de una y otra sería ilustrativo para todos los contribuyentes.

Según la Constitución la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales y los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (art. 27. 2 y 3)

Pero los principios democráticos de convivencia resultan vulnerados cuando se destroza el mobiliario urbano o se ensucian las paredes de casas y monumentos con grafiti y pintadas, sin que se haga pagar a los autores o a sus padres por estos desmanes ni tampoco a las organizaciones convocantes de las huelgas o manifestaciones que tanto se prodigan.

Es más, la educación está sirviendo para inculcar a los alumnos las ideologías de los enseñantes, sus filias y sus fobias, con la eficacia manipuladora de quien juega con ventaja. Por supuesto que serán mayoría los enseñantes que no lo hagan, pero haberlos, haylos, y asignaturas más proclives que otras para ello, también.

El derecho de huelga, de no ir a trabajar, arrolla el derecho de los que quieren ir a trabajar, a enseñar o a aprender, lo cual no me parece muy democrático.

Frente al proyecto de ley del ministro, me gustaría conocer lo que proponen los enseñantes de la escuela pública para mejorar la calidad de la enseñanza, pues si lo que desean es dejarla como está, estamos arreglados. Parece que se trata de echar al ministro y desgastar al gobierno, ni más ni menos.