La Obra Don Orione denuncia el abandono a casi 100.000 personas con discapacidad

Buenos Aires/ARGENTINA.- La Obra Don Orione denunció junto a otras instituciones que brindan asistencia a personas con discapacidad (como AIEPESA, ASAC, CAIDIS y FENDIM) que se encuentra en riesgo la atención de casi 100.000 personas con capacidades diferentes en todo el país “porque los organismos encargados de protegerlos vulneran sus derechos”.

En un comunicado de prensa, la Pequeña Obra de la Divina Providencia apuntó contra el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por tomar “medidas que afectan directamente a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo el país”.

Según quienes integran la denuncia, la SSS, que preside Liliana Korenfeld, desconoció las prestaciones reconocidas por la ley 24.091 de Prestaciones Básicas a través de la Resolución 1200/12, publicada el pasado 3 de octubre.

El documento del organismo redujo o directamente suprimió el reintegro que se le da por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales. Estos fondos eran destinados, entre otras cosas, a pagar las prestaciones de discapacidad que reconoce la Ley 24.901.

Mientras tanto, el organismo no resolvió a la fecha la inscripción de las instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad en su Registro de Prestadores, lo cual coloca en una situación delicada a muchas de estas entidades. Las obras sociales, entonces, podrían detener en cualquier momento las órdenes de atención de los afiliados, dejándolos sin prestaciones.

También denunciaron que PAMI “ha roto la cadena de pagos, dejando a sus afiliados sin protección”. A su vez, no reconoce los valores de las prestaciones fijadas por el Ministerio de Salud, “y abona discrecionalmente valores inferiores a los que corresponden”.

De esta manera, quedaron afectadas casi 100.000 personas que reciben un trato preferencial en estimulación temprana, terapia educativa, integración, aprendizaje especial, asistencia en hogares, apoyo económico, transporte y demás beneficios fijados por ley.

Lázaro Maisler, responsable del Área de Recursos y Comunicación de la Obra, reveló a AICA que “el problema es que recortan las partidas presupuestarias, lo que afecta directamente en cuestiones educativas”.
Beatriz Pérez, coordinadora técnica de la institución y representante de la Obra ante el Observatorio Nacional de Discapacidad, afirmó a esta agencia que la resolución vulnera los derechos de los pacientes con discapacidad y alertó sobre la desprotección en la que caerán las familias: “La atención de discapacidad es una prestación básica que en muchos casos es inabordable por sus costos”.

“Históricamente ha sido muy difícil aprobar una ley que cubriera las necesidades de los las personas con discapacidad, e incluso costó mucho implementarla –destacó la especialista-. Esta resolución vulnera sus derechos y va en contra de lo dictado por la ley.”
“En la Obra Don Orione tenemos 1500 personas con discapacidad, y el 90 por ciento no tiene familia o si la tiene, no puede hacerse cargo. Claramente no podríamos atenderlas sin estos recursos”, alarmó la especialista.

El reclamo de la institución eclesial, en alianza con otras entidades, busca instalar en la opinión pública lo sucedido para generar una reconsideración en las autoridades y evitar la judicialización del asunto.
“Las medidas judiciales deben ser presentadas por individuos, pero eso sólo pueden hacerlo quienes tienen conocimiento de la ley y pueden afrontar los gastos”, advirtieron.

“Denunciamos que organismos nacionales están obligados por la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas (en salud, asistenciales y educativas) a asegurar la atención de las Personas con Discapacidad toman decisiones y dictan resoluciones contrarias a lo que establece tanto la mencionada Ley como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) que nuestro país suscribiera ante las Naciones Unidas”, señalaron.

La Obra Don Orione sostiene 16 cottolengos, 22 escuelas, 6 institutos de educación especial, 3 hogares, 4 centros de día para niños, 17 parroquias, 3 santuarios y 71 capillas y comunidades eclesiales de base, y tiene presencia en más de 30 ciudades del país. De no resolverse el conflicto, temen no poder cubrir la demanda de la gente. +