El secretario general de Cáritas Euskadi presentó ante la Cámara autonómica una valoración tras el cierre del servicio «Heldu»

Este es el texto íntegro de dicha comparecencia.

«Opinión y valoración ante el cambio de modelo

En cuanto a la opinión y valoración sobre el cambio de modelo implantado desde el 16 de julio por el Departamento de Empleo y Política Social en el servicio de atención jurídica a personas inmigrantes, Cáritas manifestó desde este cambio su preocupación por las personas que estaban siendo atendidas por HELDU, verdaderas perjudicadas, junto con el colectivo inmigrante en general, de cualquier recorte o supresión en los servicios sociales públicos.

Asimismo, reiteramos nuestra constante preocupación por los sectores más vulnerables de la sociedad y el deseo de que, con independencia del modelo mediante el cual se prestase la atención jurídica a las personas inmigrantes, no se diera un paso más en su exclusión y, por lo tanto, un paso atrás en la consecución de una sociedad realmente inclusiva.

Sabemos que el camino hacia la ciudadanía plena implica remover obstáculos que impidan el disfrute de derechos, sin olvidar el cumplimiento de deberes y obligaciones, y, que la atención jurídica a las personas inmigrantes ocupa un lugar muy importante en ese camino. Por esa razón, en estos casi tres meses, Cáritas, sobre todo en el Territorio de Bizkaia, ha respondido al incremento de demanda en la atención jurídica a las personas inmigrantes al tiempo que ha reclamado de la Administración la implantación del nuevo modelo con la mayor celeridad y el menor perjuicio para el administrado/a, en este caso, inmigrante.

Antes de entrar a valorar el modelo actual y a plantear nuestra propuesta de atención jurídica a las personas inmigrantes, nos gustaría recordar que el II Plan Vasco de Inmigración, cuya vigencia concluyó el pasado año, hacía hincapié en que el pleno aseguramiento de los derechos civiles de las personas extranjeras precisaba garantías jurídicas específicas, en virtud de su peculiar condición jurídica en nuestro ordenamiento, y para ello se proponía la consolidación de un servicio de Atención Jurídico-Social en cada uno de los tres Territorios Históricos, en este caso lo que hemos conocido como HELDU.

Valoramos positivamente que este servicio contara con profesionales capacitados para realizar el asesoramiento jurídico en materia de extranjería y también para formar a técnicos municipales, forales y del Gobierno Vasco en el ámbito de los servicios sociales. Y lo valoramos en la medida en que ese asesoramiento jurídico sirve para que las personas inmigrantes avancen en el ejercicio de los derechos que conlleva la ciudadanía inclusiva, y en la medida en que esa formación de los técnicos de la administración contribuye a que todas las políticas y recursos públicos incluyan el elemento de extranjería en aras de la transversalidad e integralidad.

Al mismo tiempo, durante la vigencia de HELDU, ha sido necesaria una atención complementaria a demandas no resueltas. Cabe recordar que las entidades del Tercer Sector de Intervención Social, entre las que se incluye CÁRITAS, también prestaban un servicio de asesoramiento jurídico a aquellas personas que no podían acceder a HELDU, bien porque no estaban siendo atendidos por los Servicios Sociales de Base municipales, bien porque su demanda no entraba dentro de la atención jurídica prestada.

Respecto al modelo actual, queremos puntualizar los siguientes aspectos:

-                          En primer lugar, evidenciamos que las explicaciones del modelo que se han ido sucediendo por parte de sus responsables adolecen de falta de definición y concreción.

-                          En segundo lugar, constatamos la falta de información en la implementación del nuevo modelo, con el consecuente perjuicio para las personas inmigrantes. Creemos que no se ha concretado adecuadamente el itinerario que deben seguir y una de las consecuencias ha sido que las personas inmigrantes han acudido a las entidades del Tercer Sector en busca del asesoramiento jurídico que se les estaba ofreciendo en el modelo anterior. En ocasiones, derivadas desde los propios Servicios Sociales de Base.

-                          En tercer lugar, se menciona a las personas inmigrantes en situación irregular. No se tiene en cuenta a quienes ya han regularizado su situación, pero siguen necesitando asesoramiento jurídico para el ejercicio de derechos tan importantes como el derecho a vivir con su familia (reagrupación familiar) o el de mantener sus autorizaciones de residencia y/o trabajo (renovaciones). Asimismo, se excluye de la atención a personas ciudadanas de la Unión Europea o familiares de las mismas, tanto comunitarias como extracomunitarias, algo que ya veníamos demandando suplir en el modelo anterior.

-                          En cuarto lugar, consideramos que la atención telefónica y a través de correo electrónico no puede sustituir en todos los casos a la atención presencial. Las dificultades en el idioma de las personas inmigrantes que demandan asesoramiento jurídico o el desconocimiento de los procedimientos administrativos por parte de las mismas, entre otras razones, exige una entrevista personal en la que la persona inmigrante pueda manifestar con claridad su demanda.

-                          En quinto lugar, en las explicaciones que se nos han dado se señalan distintos agentes que participan en el modelo, entre los que se encuentran las entidades del tercer sector y las redes del tercer sector del ámbito de las migraciones. Sin embargo, no se define el papel concreto de las mismas ni sus relaciones, de complementariedad o subsidiariedad, con la Administración.

Modelo planteado por Cáritas

Respecto a la propuesta de actuación planteada por Cáritas, nos gustaría destacar los siguientes aspectos:

-                          Consideramos que las personas extranjeras son administrados/as y que su relación con la Administración debe seguir los cauces o procedimientos ya existentes, en aras de la normalización en su atención jurídico-social y en aras, también, del principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas ante las administraciones públicas.

-                          Teniendo en cuenta que los procedimientos de extranjería se tramitan a través de las Subdelegaciones de Gobierno, es esta administración competente la que debe informar y orientar directamente a las personas extranjeras en dichos procedimientos. En este sentido, y para garantizar una atención adecuada, creemos necesario reforzar el servicio con traductores para aquellos casos en los que sea necesario y exigir el mismo trato de proximidad que ofrecemos desde nuestras entidades.

-                          Atendiendo al principio de transversalidad, la Dirección de Inmigración debería facilitar que, desde la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados asuman tanto el asesoramiento jurídico a personas extranjeras como la defensa de sus derechos en vía judicial, reforzando, si es preciso, los turnos de extranjería que ya intervienen en el procedimiento sancionador (expulsiones, etc.).

-                          Y por último, que el Tercer Sector en el ámbito de la inmigración debería tener un papel protagonista en la definición y desarrollo del modelo de atención jurídica a las personas inmigrantes, de la misma manera que hemos reivindicado ese papel protagonista del Tercer Sector de Intervención Social en la definición y desarrollo de las políticas públicas de carácter social.

-                          Asimismo, consideramos que se debería reforzar la participación del tercer sector ya establecida, esto es a través de los foros locales, forales y de Inmigración, que cumplen en su constitución, funcionamiento y formas de participación sus respectivas legislaciones.»