Acaba de finalizar en Viena una reunión de la red de asociaciones civiles que colabora habitualmente con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que ha tratado sobre la igualdad y la no discriminación. Durante la primera sesión se presentó el estudio, encargado y financiado con 370.000 euros procedentes de la Agencia y realizado por la controvertida ILGA-Europe, «lobby» homosexual europeo.
La red de asociaciones civiles (Fundamental Rights Platform o FRP) colabora habitualmente con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). El citado estudio incluye, supuestamente, 93 000 casos de discriminación homófoba en Europa (el 25 % agresiones físicas) y será presentado de manera oficial el 17 de mayo.
«La relevancia de este estudio», explica Leonor Tamayo, Responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética, «es que pretende ser la base para impulsar la Directiva Europea de Igualdad de Trato».
Pero la realidad es que numerosos expertos y asociaciones civiles han denunciado la falta de rigor en la metodología y análisis de los datos del estudio además de la escasa coherencia estadística respecto a las denuncias policiales. Así, por ejemplo: