La deuda que España no quiere recordar

«La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás.» Cicerón

Hay alguien en el epílogo de su vida, lejos hoy de su país y de los suyos. No está fuera por azar ni por simple decisión personal. Es quien, desde la más alta responsabilidad del Estado, devolvió a los españoles la soberanía y la libertad política tras décadas sin ellas. Su salud es frágil. Ha manifestado públicamente su deseo de regresar para terminar aquí sus días. No pide honores. Pide simplemente… volver. Y, sin embargo, la respuesta colectiva oscila entre el silencio, la incomodidad y la indiferencia.

Juan Carlos I vive fuera de España desde 2020 en un contexto en el que su regreso no es un asunto puramente personal. La decisión de su salida se presentó oficialmente como un gesto orientado a facilitar el ejercicio de la Jefatura del Estado por parte de su hijo. Desde entonces, cualquier movimiento relacionado con su presencia en España exige una delicada coordinación institucional.

Porque en una monarquía parlamentaria, la Casa del Rey y el Gobierno deben caminar de la mano con especial prudencia. Más aún en un clima político donde la institución es objeto de debate y cuestionamiento constante. Esa necesidad de equilibrio explica que determinadas decisiones respecto al rey emérito se hayan llevado más lejos de lo que, en otras circunstancias, probablemente se habrían llevado.

Su situación actual, por tanto, no depende únicamente de su voluntad ni puede entenderse como un simple retiro personal. Se inscribe en un marco institucional complejo, donde la estabilidad de la Corona, la relación con el Gobierno y la sensibilidad política del momento condicionan cada paso.

Pero, más allá de lo evidente, hay una pregunta que en conciencia deberíamos formularnos: ¿cómo hemos llegado a que un hombre que ocupó durante casi cuarenta años la más alta magistratura del Estado termine sus días solo y lejos del país al que dedicó su vida?

Porque antes que rey, antes que símbolo, antes que institución, es una persona. Un hombre cuya biografía quedó ligada a España desde la infancia, cuando su vida comenzó a orientarse hacia un destino que él no eligió. Desde entonces, su existencia quedó inseparablemente unida a este país, no solo en su dimensión pública, sino en la más íntima y personal.

Pero apartemos el ruido y recordemos con serenidad.

La Corona que un día podría ceñir —cuando aún nada estaba decidido en firme— no habría de representar a una ideología, sino a todos los españoles. Esa era la condición de su legitimidad: ser punto de encuentro, no de división.

Desde que era Príncipe de España, trabajó con una idea clara: que este país necesitaba un sistema democrático moderno. No fue un espectador de la Transición. Fue el motor discreto que, desde la sombra, sostuvo el equilibrio necesario para que otros pudieran avanzar con confianza. Supo ofrecer a todos —a quienes procedían del régimen y a quienes llegaban desde la oposición y el exilio— la seguridad de que el camino que se abría no conducía a la ruptura, sino a la convivencia. Esa confianza fue, quizá, el elemento invisible sin el cual la Transición no habría llegado a buen puerto.

Intercedió, a través de terceros, para facilitar la incorporación al proyecto común de fuerzas políticas que permanecían en el exilio, especialmente el Partido Comunista. No se trataba solo de sumar voluntades, sino de hacer posible la convivencia dentro de la diversidad. Sin esa integración, la Transición difícilmente habría podido desarrollarse en los términos de concordia en que finalmente lo hizo.

Bajo ese impulso se fraguó una Transición política pacífica que, medio siglo después, sigue siendo observada en el mundo como un ejemplo de cambio sin ruptura violenta.

Cuando llegó el momento decisivo, al redactarse la Constitución de 1978, renunció voluntariamente a los poderes heredados del franquismo y los devolvió al pueblo español, haciéndolo soberano de los mismos. En aquel proceso constituyente, su posición institucional le habría permitido conservar parte de esa capacidad de decisión dentro del nuevo sistema. Sin embargo, optó por limitarla y someterla por completo a la soberanía nacional expresada en la Constitución. Ese gesto no tiene precedentes en nuestra historia reciente.

Durante décadas fue, además, un extraordinario embajador internacional de España. La imagen exterior de nuestro país quedó asociada a una Transición pacífica hacia la democracia que despertó respeto y admiración en el mundo. Esa circunstancia otorgó a su figura una autoridad moral y un prestigio personal que pocos dirigentes españoles habían conocido en tiempos recientes. Gracias a ello, España pasó de ser una periferia política a convertirse en un interlocutor respetado en la escena internacional.

Y sí, cometió errores. Como los comete cualquier ser humano a lo largo de su vida. La historia de los hombres no se mide por la ausencia de fallos, sino por el conjunto de lo que fueron capaces de construir.

En su caso, sin condena judicial, la respuesta institucional fue inmediata y de enorme impacto: desaparición de la vida pública, salida del país y reprobación moral constante.

En otros episodios recientes, marcados por la pérdida irreparable de vidas humanas y por un dolor social difícil de medir, la respuesta institucional ha discurrido por cauces técnicos, administrativos y judiciales, sin que se haya materializado una asunción visible de responsabilidad política o moral acorde con la magnitud de lo sucedido.

No es una cuestión de nombres ni de quedarse en el formalismo institucional. Es, por encima de todo, una cuestión de humanidad.

Y esto conduce a una reflexión más profunda: qué revela de una sociedad la manera en que mide la responsabilidad moral de quienes la han servido.

En el caso del rey emérito, la cuestión trasciende a su persona y nos obliga a preguntarnos qué dice de una sociedad la forma en que trata a quienes formaron parte decisiva de su propia historia.

España le debe a Juan Carlos I, como estadista, el periodo más largo de su historia reciente de paz, desarrollo, progreso y libertad, incluida la libertad de expresión que hoy permite a muchos criticarle sin temor. Una libertad que se ejerce, además, en la certeza de que la Corona, por su propia condición constitucional, no participa en ese debate.

Y, pese a todo ello, resulta difícil no percibir una desproporción entre lo que se le exige y lo que se le debe.

Ha manifestado su deseo de regresar. La reina Sofía ha expresado su voluntad de estar a su lado. El paso del tiempo y el visible desgaste físico propio de la edad forman ya parte de su realidad cotidiana. Son hechos humanos, no políticos.

Y aquí surge la pregunta que deberíamos hacernos con serenidad:

¿Queremos que, en sus últimos años, un hombre al que tanto debe este país sienta que le hemos dado la espalda?

Porque la indiferencia también es una forma de respuesta. Y lo que hoy hagamos —o dejemos de hacer— no solo hablará de él ante la Historia, sino del respeto que tenemos hacia las instituciones que un día representó y, sobre todo, del respeto que una sociedad es capaz de guardarse a sí misma.